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La clasificación jurídica de las drogas ilegales. ¿Base científica u opción política?

Como parte su cometido, el Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento británico está investigando la solidez de la base científica sobre la que el gobierno diseña sus políticas

Levitt, R., Nason, E. y Hallsworth, M. | Fuente original: CDD-Observatorio Vasco de Drogodependencias | 05/01/2007 11:08:40 GMT

Como parte su cometido, el Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento británico está investigando la solidez de la base científica sobre la que el gobierno diseña sus políticas. Una de las cuestiones debatidas, en este contexto, ha sido la evidencia científica sobre la que se sustenta la actual clasificación de las drogas ilegales en la legislación del Reino Unido. En este contexto, el Comité ha solicitado a la fundación RAND Europa que realizara un informe comparativo sobre las tipologías que se aplican en la legislación internacional para clasificar las drogas ilegales y que realizara las oportunas recomendaciones sobre los criterios científicos que deberían regir la clasificación de las mismas.

Para realizar dicho informe, los investigadores de RAND Europa, recopilaron la información disponible sobre los efectos, las consecuencias para la salud y los problemas sociales causados por cuatro tipos de drogas: la cocaína, el éxtasis, el cannabis y las setas alucinógenas. También se analizó el contexto en el que se utiliza cada una de las drogas mencionadas y los costes económicos asociados a su consumo. Esta información podrá ser utilizada por el Comité para evaluar la pertinencia de las políticas aplicadas. La comparación internacional, por su parte, se centró en las equivalencias existentes entre las clasificaciones empleadas en tres países –Suecia, Holanda y los Estados Unidos–. Para cada uno de ellos, se analizó la relación existente entre la adopción de una clasificación concreta y el contexto general de la política sobre drogas, así como su impacto en las prevalencias de consumo.

La clasificación de drogas ilegales que actualmente se utiliza en el Reino Unido fue creada en 1971, mediante la Misuse of Drugs Act, aunque ha sido reformada en repetidas ocasiones desde entonces. La legislación establece tres clases de drogas, basándose en el daño que cada tipo de sustancia puede causar. La clase A, en la que se incluyen la heroína, el LSD, las anfetaminas (en forma inyectable), la cocaína, el crack y las setas alucinógenas, es la considerada más peligrosa. La clase B incluye las anfetaminas y los barbitúricos. En la clase C quedan incluidas el cannabis, los esteroides, los tranquilizantes, el GHB o la Ketamina.

Esta clasificación ha sido modificada en repetidas ocasiones. El cannabis, por ejemplo, pasó a ser considerada una droga de clase C en 2000 –anteriormente era considerada de clase B, como las anfetaminas–, basándose en varios informes técnicos que aseguraban que la droga resultaba menos dañina que otras drogas clasificadas en la misma clase y que la ley y su aplicación resultaban más perjudiciales que la sustancia misma. El mismo informe realizó la recomendación de que el cannabis fuera reclasificado como una sustancia controlada que pudiera, por tanto ser prescrita por un facultativo, aunque en esta ocasión el gobierno se opuso a la recalificación. También el éxtasis ha sido objeto de debate por su posible transferencia de la clase A a la clase B en 2002. En este caso, la propuesta fue rechazada por el ministro del interior basándose en el hecho de que “no se conocen las consecuencias de su consumo a largo plazo, aunque sí se sabe que puede causar la muerte de forma imprevista, y está claro que no existe una dosis segura”.

El análisis de la información disponible sobre las drogas consideradas en este informe pone de manifiesto que la clasificación vigente actualmente no siempre discrimina entre las distintas sustancias por el posible daño personal y social que puedan causar, tal y como debiera, según establece la legislación. El caso de las setas alucinógenas, clasificadas junto con sustancias como la heroína o la cocaína,es quizá uno de los ejemplos más claros. Los daños atribuibles a este tipo de sustancias son, según pone de manifiesto la revisión de literatura realizada por los autores, relativamente reducidos, ya que el mayor riesgo que puede acarrear su consumo es su capacidad de inducir un estado similar a la psicosis durante la intoxicación. Su consumo no supone riesgo de muerte por sobredosis, no produce daños orgánicos, ni está asociado a problemáticas sociales graves.

Al margen de estas cuestiones ligadas a la peligrosidad de las diferentes sustancias, que pueden o no justificar un cambio en la clasificación vigente, la comparación de los sistemas de clasificación empleados en los distintos países pone de manifiesto que los países prohibicionistas como los Estados Unidos no muestran prevalencias de consumo muy diferentes de las de aquellos países, como Holanda, que utilizan políticas más blandas, orientadas a la reducción de daños y en los que se prioriza el tratamiento antes que la penalización.

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