En 2001 fue fundada en Barcelona la primera asociación cannábica del Estado español que incorporó como novedad -con respecto a las anteriores asociaciones cannábicas existentes- la idea del “club” o “local” que era el espacio físico destinado a la dispensación del cannabis entre las personas asociadas. Pero no fue hasta 2007 cuando empezó en la ciudad un crecimiento sostenido del número de asociaciones cannábicas que llegaría a su apogeo en agosto de 2014, cuando la policía cerró unas 50 asociaciones bajo la premisa de la “Operación Sativa”.
Una semana antes del inicio de la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2015 el entonces alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias (CIU) aprobó, de la noche a la mañana, un Plan Especial Urbanístico por medio del cual el consistorio procedería a cerrar la práctica totalidad de las asociaciones cannábicas de la ciudad, cerca de 200. Dicho decretazo no contaba con el consenso del resto de partidos políticos del Ayuntamiento de Barcelona ni tampoco, de las entidades sociales que habían estado trabajando durante meses en una propuesta de ordenación para las asociaciones cannábicas.
Al alcalde Trias le salió el tiro por la culata. CIU perdió la contienda municipal por 17.500 votos de diferencia con respecto a Barcelona en Comú, capitaneada por la Sra. Ada Colau. No es descabellado conjeturar que, en Barcelona, la mano dura contra el cannabis ya no da votos. Es más, probablemente, los quita. Lo que no debió calibrar bien el equipo de Trias es que ya en 2015 se estimaba que en la ciudad, entre 60 mil y 100 mil personas adultas, estaban asociadas a entidades cannábicas.
El nuevo equipo de gobierno municipal, exponente de los llamados ayuntamientos del cambio, se encontró con el Plan Urbanístico aprobado Trias en marcha y, el pasado viernes 27 de Mayo, aprobó su versión definitiva del texto heredado. El Plan fue ratificado con el apoyo de BCNenComú, ERC, PSC y CUP, con la abstención de C’s y los votos en contra de CIU y PPC. Es pertinente apuntar que si no se hubiera aprobado el Plan antes de junio, la ciudad habría retrocedido al escenario de 2013, cuando las asociaciones podrían establecerse libremente sin ningún tipo de regulación. También es oportuno recordar que la aceptación del Plan de Trias sin modificación alguna hubiera comportado que el ayuntamiento tuviera que indemnizar económicamente a todas las asociaciones que se vieran obligadas a cerrar. Se estima que con un coste total de 14,4 millones de euros de las arcas públicas.
Al presentar públicamente el Plan, los responsables municipales declararon que, bajo su punto de vista, un Plan Urbanístico no es la forma ideal para afrontar la realidad de las asociaciones cannábicas pero que la ciudad no podía esperar tres años más a dar una primera respuesta. Es más, ahora la ciudad abre un plazo de 18 meses para redactar una ordenanza de salud que permita regular más efectivamente la actividad de dichas asociaciones.
A nivel concreto, el Plan Especial Urbanístico de Barcelona fija una distancia mínima de 150 metros entre las asociaciones y centros educativos o sanitarios (100 metros en Ciutat Vella y Gràcia), obliga a tener doble puerta de entrada, a disponer de chimenea de humos y, la superficie máxima de los locales debe ser de 200 metros para limitar así el aforo a 100 personas. En el fondo, estas condiciones no difieren mucho de las que proponía el anterior alcalde, la gran diferencia es que el Plan aprobado no es retroactivo y, las asociaciones existentes en la ciudad quedan amnistiadas del cumplimiento de las distancias y podrán seguir con su actividad sí en 18 meses se adaptan al Plan. Esta propuesta fue celebrada por los representantes de las dos federaciones catalanas de asociaciones cannábicas (CatFac y FEDCAC), que han encontrado en BcnenComú un interlocutor despojado de la moralina prohibicionista del anterior consistorio convergente.
Barcelona no es la primera ciudad o municipio en regular urbanísticamente la actividad de las asociaciones cannábicas, en Catalunya, hay entre 20 y 30 municipios que ya lo han hecho. Ayuntamientos que han conseguido despertar del día de la marmota y han apostado por superar un debate que en muchos sitios está totalmente enquistado. Y es que la elección no es entre asociaciones cannábicas o nada, la elección es entre mercado regulado o mercado ilícito. Favorecer a las mafias o debilitarlas. Quien pretenda dar a entender otra cosa solo quiere generar confusión y retrasar algo que para una sociedad madura y democrática no es sostenible, ergo, el seguir despilfarrando dinero público en unas políticas de drogas que generan más problemas que soluciones. Después de 60 años de persecución histérica de la marihuana y de generar una alucinación que solo se sostiene por la ignorancia, la mentira y la tergiversación, los y las activistas cannábicos nos han enseñado el camino a seguir a cambio de jugarse su libertad personal. Mientras el discurso médico-preventológico ha estado durante décadas obsesionado con los riesgos el cannabis (que los tiene, y también placeres, que han quedado fuera del radar hasta el momento), las personas consumidoras nos han revelado el mayor de los problemas relacionado con el consumo de cannabis: su prohibición y las leyes ineficaces que la sostienen.
Las asociaciones cannábicas disminuyen riesgos por el mero hecho de su existencia. Estas, ofrecen control de calidad sobre un producto de consumo –criterio básico de salud pública-, dan dignidad en el trato a personas que antes tenían que acudir a la clandestinidad, generan empleo, favorecen la educación entre iguales, alivian el sufrimiento de personas enfermas que no encuentran respuesta en los sistemas de salud públicos, disminuyen el tráfico y el consumo en los espacios públicos y, en absoluto banalizan el consumo de cannabis, de hecho, se lo toman mucho más en serio que la mayoría de los responsables políticos y de salud pública de este país.
Las asociaciones cannábicas españolas son un gran experimento socio-sanitario en marcha al que –hasta el momento- los poderes del Estado han dado la espalda sistemáticamente. Quizás estas asociaciones no sean la respuesta definitiva para acabar con el mercado informal, pero son un ejemplo del que podemos aprender y con el que contrastar muchas hipótesis que la prohibición ha velado. Mientras, la comunidad científica internacional está observando y los países más vanguardistas en materia de innovación de políticas de drogas están incorporando el modelo español de las asociaciones en sus legislaciones, de manera que, en Uruguay o México es más seguro formar parte de una asociación cannábica que en España-. Y, por último, no se puede afirmar que la emergencia de las asociaciones cannábicas haya comportado el incremento de personas consumidoras. Mientras que a lo largo de los últimos diez años hemos pasado de 15 a unas 1.000 (aprox.) asociaciones cannábicas en España, en ese mismo período, las prevalencias de consumo de cannabis han tenido una tendencia a la baja o la estabilización, tanto en población adulta como entre adolescentes. A Barcelona le ha llegado la hora de recuperar el control sobre el mercado del cannabis, de proteger a los menores de edad y de respetar la diversidad de sus habitantes. Barcelona ha fijado el rumbo hacia unas políticas guiadas por evidencia y el respeto y no por la exageración.
Bibliografía:
2015. Parés, Ò, Bouso, J. C. “Hacer de la necesidad, virtud. Políticas de Drogas en Catalunya.” https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/innovation-born-necessity-pioneering-drug-policy-catalonia-es-20150512.pdf
