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Dieciocho años del Manifiesto de Málaga (1989–2007)
(No esperemos a las bodas de plata)
Publicado: durante el mes de Octubre de 2007
Autor: Joan Manuel Riera Casany
Tema: Drogas Ilegales
Ahora que se cumplen 18 años de la publicación del Manifiesto de Málaga seria el momento apropiado para revisar y modificar la ley a drogas y drogadicción y tanto mas cuando el actual ministro del Interior José Antonio Alonso, como el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, son firmantes en 1989 del “Manifiesto de Málaga por una nueva política de drogas” tendente a la despenalización y legalización de las drogas, que solicitaba que las drogas estuvieran fuera del Código Penal, porros en los estancos, heroína como fármaco regulado, y consumidores libres sin estigma social. El sueño antiprohibicionista lleva 18 años escrito con letra de proclama y firmado con rúbrica de juez. José Antonio Alonso, actual ministro del Interior, y Cándido Conde Pumpido, flamante Fiscal General del Estado, Alonso era magistrado del juzgado de lo Penal número 14 de Madrid y Conde-Pumpido presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, pidieron la despenalización controlada de los estupefacientes el 2 de diciembre de 1989 en el documento titulado “Manifiesto por una nueva política sobre la droga”. Unos meses después, el 12 de mayo de 1990, lo ratificaron en otro documento de 10 páginas bajo este paraguas: “Propuesta alternativa a la actual política criminal sobre drogas”.
De la misma forma que ahora vemos como una barbaridad que hace unos años los insumisos, partidarios de la no violencia y de la paz, eran encarcelados por negarse a cumplir con la obligación de efectuar el servicio militar, espero que dentro de unos años veamos con extrañeza que se encerraba a las personas por consumo o posesión de drogas. Las drogas no deberían ser la excusa para encerrar por consumo o posesión, y la posesión no debería transformarse alegremente en tráfico para poder así encerrar, con un falso motivo, en la cárcel al consumidor. De hecho no debería tampoco castigarse con penas de cárcel al pequeño traficante, que lo efectúan para financiar su propio consumo, y que es una victima más de los grandes capos de los carteles de la droga y es sobre estos últimos en los que debería recaer, sin paliativos ni excusas, todo el peso de la ley.
La justicia no debería de emplear la violencia, porque las vías de la cárcel, los cacheos, controles y redadas son ejercicios de violencia que a la larga consiguen que mucha gente con el solo pecado del consumo y la posesión de drogas o de pequeño trapicheo de venta, acaben en la marginación social, laboral y sanitaria entrando a formar parte del colectivo de los desheredados que sin techo que cobijarse vagabundean por las calles haga frío o calor, haga sol, nieve o llueva.
Ya hace tiempo que se asumió que las cárceles deberían de ser los instrumentos de la reinserción en la sociedad de los delincuentes pero desgraciadamente esto se ha quedado en una manifestación de intenciones y todos sabemos lo que son las cárceles, el sobre hacinamiento que hay en ellas y en que convierte a los que por desgracia entran en ella, todos sabemos que es una escuela de delincuencia y un lugar donde se practican las peores afrentas y vejaciones. Debe de ser muy triste para el que consume entrar en la cárcel y sobre todo salir de ella y reincorporarse a la vida normal, si es que podemos decir normal, la vida que le espera, posiblemente de desprecio y marginación social y laboral por parte de la sociedad que es la que debería de admitirlo con toda normalidad en aras de una eficaz y efectiva reinserción.
Un centenar de jueces, catedráticos y profesores de Derecho y gentes metidas en leyes firmó el Manifiesto que sugería nueve puntos para darle la vuelta a un sistema que encarcela a quien trafica con drogas y señala con el dedo a quien las consume. El texto, muy trabajado, proponía cambios en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal e introducía 20 modificaciones a la Ley del Medicamento.
Y que decía entre otras cosas:
- La nueva política debería trasladar el centro de atención al campo de la prevención de la demanda y la asistencia a los consumidores. Sólo una intervención preventiva basada en mensajes positivos, realizada por los cauces y agentes normales de la intervención educativa y una política centrada en el objetivo de reducir los riesgos derivados del consumo puede tener una razonable esperanza de éxito.
No debería ser delito el tráfico de drogas entre adultos; antes bien, estos deberían tener la posibilidad de acceder legalmente a la posesión de las mismas.
Es preciso un análisis normalizado de las conductas relacionadas con el tráfico de drogas que lleve a su tratamiento en consonancia con los principios que rigen en Derecho penal respecto a comportamientos similares.
Nadie duda que debiera existir un estricto control administrativo de su producción y venta, con especial atención a la calidad de la sustancia, y que las infracciones más graves de tal control pudieran constituir delito, a semejanza de lo que sucede con los productos alimenticios o con medicamentos u otras sustancias que pueden ser nocivas para la salud.
También debería merecer consideración por parte del Derecho penal el suministro de drogas a menores de edad o a personas carentes de modo evidente de capacidad de decisión autónoma, del mismo modo que sucede en relación con otros ámbitos vitales.
Y en una entrevista posterior Don José Antonio Alonso decía que la legalización de las drogas podría ser:
- El cannabis se vendería, siguiendo el ejemplo de Holanda, en cannabis cafés, sometidos a un riguroso control. Las drogas duras -cocaína, heroína, alucinógenos y compuestos sintéticos-, se expenderían en monodosis y en farmacias, una receta por persona y día. La venta estaría totalmente prohibida a los menores; el consumidor enganchado podría acceder a su dosis y al seguimiento médico, sin estar obligado a someterse a un tratamiento de desintoxicación. «Siempre que la administración pública se ha mostrado tolerante con la venta de droga, se ha beneficiado el toxicómano y la sociedad», señala Alonso. En Bolonia, en los años 80, el mercado, sin intervención de las autoridades, se atomizó mucho. Había gran variedad de distribuidores. Entonces los consumidores tuvieron mejor sustancia en calidad y precio. Ganó todo el mundo. En España también ganaríamos todos .Los toxicómanos irrecuperables recibirían la droga gratis en el hospital.
Todo ello garantizado por un control de calidad para evitar los problemas, a veces mortales, de sobredosis y adulteraciones. Paralelamente deberían de impartirse cursillos informativos de la realidad de las drogas, lo bueno y lo malo, a todos los niveles de la sociedad y muy especialmente a la juventud justo en la edad 13/14 años en que se ha comprobado empiezan el consumo de drogas iniciándose en las legales, el tabaco y el alcohol. Campañas de prevención basadas en la información veraz y desechando el uso del miedo como se ha venido haciendo hasta ahora que solo consigue los objetivos contrarios a los propuestos.
Aprovechando que se cumplen los diecisiete años de este manifiesto (1989–2006) sería ya el momento de no esperar a que se cumplan las bodas de plata, y de empezar seriamente a trabajar para que este manifiesto se hiciera realidad enmendando así el constatado fracaso de la política antiprohibicionista y penalizadora vigente con una nueva política más humana y solidaria, que no se ampare en el falso objetivo de defensa de la salud publica sino que la proteja con eficacia, y de un trato más comprensivo y justo al consumidor.
Firmado: Joan Manuel Riera Casany
Voluntario Social
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