Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron hoy la presión ejercida por las grandes multinacionales tabaqueras para tratar de minar la aplicación del Convenio Mundial Contra el Tabaco, sobre la que debaten estos días en Ginebra representantes de un centenar de países.
El tratado, que fue aprobado en mayo de 2003 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005, ya ha sido ratificado por 121 países (el 70 por ciento de la población mundial), aunque sólo 113 lo hicieron a tiempo para participar con plenos derechos en la reunión que tiene lugar en Ginebra y que se prolongará hasta el 17 de febrero.
La portavoz de la Red para la Responsabilidad Social de las Multinacionales del Tabaco (NATT), que agrupa a 75 ONG de medio centenar de países, Kathryn Mulvey, advirtió de que aún hay algunos países «muy poderosos» que no lo han hecho.
«Ese es el caso de Estados Unidos que, aunque ha realizado importantes esfuerzos para reducir el consumo y firmó el tratado hace más de dos años, no ha vuelto a dar muestras de querer ratificarlo», apuntó Mulvey tras recordar que ese país es «muy influyente en todo el mundo».
El tratado sí ha sido ratificado por 15 de los 35 países de América, de los que 9 son de Latinoamérica, detalló el portavoz de la ONG Consumers International, Yul Francisco Dorado, quien denunció igualmente la presión ejercida por las trasnacionales tabaqueras en esa región.
Apuntó, por ejemplo, que en Brasil y México «han movilizado a los cultivadores en contra del tratado», mientras que «en Perú, Chile y Colombia ejercen presión directa sobre los políticos para influir en los procesos de toma de decisiones».
Pero el caso más flagrante, en su opinión, es el de México, donde el Gobierno mantiene un acuerdo con las multinacionales Philip Morris y British American Tobacco que les permite «intervenir en la política tributaria y sanitaria» del país.
En ese sentido, explicó que ese acuerdo viola disposiciones del propio convenio, que exige la exclusión de la industria tabaquera en el diseño de las políticas públicas de salud y de control del tabaco.
Para Dorado, el caso mexicano es «el peor precedente para toda la región», por lo que pidió a sus autoridades que renuncien al acuerdo y muestren su «voluntad política de controlar la industria tabaquera en el país y regule la oferta y la demanda», así como que mantenga «alejadas a las trasnacionales».
El portavoz de la ONG nigeriana Acción por los derechos medioambientales, Akinbode Oluwafemi, también miembro de NATT, denunció que en Africa la presiones son habituales, hasta el punto de que se trata de «influir con vacaciones pagadas a los parlamentarios o con premios a los periodistas».
En ese continente, el convenio ha sido ratificado por 26 países, según Oluwafemi, lo que «demuestra que los gobiernos empiezan a ser conscientes de su responsabilidad social».
En India, «las tabaqueras llegan, incluso, a ofrecer accesos a internet u ordenadores portátiles a los cultivadores de tabaco, lo que resulta bastante triste», añadió el responsable de la ONG Sociedad India contra el Tabaco, Bobby Ramakant.
En su primera semana de trabajos, la Conferencia ha avanzado, entre otros aspectos, en el diseño de una futura secretaría permanente, que «debe ser completamente independiente de cualquier posible presión, especialmente procedente de las grandes tabacaleras», apuntó Mulvey.
Sobre la propuesta de que sea la OMS la que ejerza ese papel, recordó que Estados Unidos es el principal donante de la organización internacional, con sede en Ginebra.
Esa secretaría podría contar con un presupuesto de unos ocho millones de dólares anuales, según los cálculos que se manejan en las reuniones, aunque Mulvey consideró que para las ONG «esa cantidad tendría que estar más próxima a los diez millones».
