Nota: artículo original publicado en Penal Reform International
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 comprometen a la comunidad internacional a poner fin al VIH y combatir la hepatitis C (VHC). La meta es inequívoca, si alguna población sigue siendo afectada después de 2030, no habrá sido golpeada. Y así sigue el mantra: «no dejar a nadie atrás» en la respuesta global ante el VIH y el VHC. Sin embargo, el informe Global State of Harm Reduction (2016) de Harm Reduction International (HRI), muestra que una población particularmente vulnerable al VIH y al VHC – prisioneros – sigue siendo abandonada intencionalmente.
En la raíz del problema está el enfoque prohibicionista generalizado del control de drogas, que favorece la criminalización y el castigo por la salud y el bienestar. Esto ha resultado en la encarcelación masiva de personas que usan y se inyectan drogas con uno de cada cinco prisioneros en todo el mundo retenidos por cargos relacionados con drogas, la mayoría para uso personal y posesión. ONUSIDA estima que hasta un 90% de las personas que se inyectan drogas serán encarceladas en algún momento de sus vidas. No es de sorprender que el consumo de drogas intravenosas continúe documentándose en las cárceles de todas las regiones del mundo, y la prevalencia del VIH y el VHC sigue siendo significativamente mayor dentro de las cárceles de todo el mundo.
