Nota: artículo original publicado en gttvih.org
Una revisión sistemática de datos -la primera de su tipo que se publica- ha mostrado claramente cómo la criminalización del consumo de drogas afecta de forma negativa a la prevención del VIH y a los resultados del tratamiento en las personas, los programas y la población en general. Asimismo, el análisis aporta pruebas convincentes para la reforma de los marcos legales y políticos que criminalizan el uso de drogas. Los resultados fueron publicados en el mes de mayo en la revista The Lancet.
El análisis incluyó un total de 106 estudios revisados por pares publicados entre 2006 y 2014. Estos estudios se realizaron principalmente en América del Norte y Asia, aunque también se incluyeron investigaciones de Europa del Este, América del Sur, Oriente Medio; Europa y Oceanía.
La gran mayoría de estudios -85 en total (80%)- revelaron que la criminalización afectaría negativamente a la prevención y a los resultados del tratamiento del VIH en personas usuarias de drogas inyectables. Del resto, 10 (9%) no sugirieron dicha asociación, cinco (5%) indicaron un efecto beneficioso, uno (1%), efectos beneficiosos y negativos, y cinco (5%), efectos nulos y negativos.
El análisis se centró en indicadores clave de la penalización, incluido el encarcelamiento, la vigilancia policial a pie de calle, la legislación y prácticas sobre la parafernalia para el consumo de drogas, las prohibiciones, o restricciones, en intervenciones preventivas del VIH basadas en la evidencia y las estrategias nacionales de drogas.
Estas intervenciones tuvieron efectos negativos sobre los niveles de consumo de drogas intravenosas, prácticas de alto riesgo como el intercambio de jeringuillas, el acceso a equipos de inyección estériles a través de programas de intercambio de jeringuilla y la prevalencia del VIH entre las personas usuarias de drogas inyectables.
Incluso entre los estudios que no asociaron directamente criminalización y VIH, la mitad encontró que las leyes punitivas contra las drogas no daban lugar a reducciones en la frecuencia de su empleo, un cese en su inyección o disminuciones en el consumo de drogas inyectables, a pesar de que esta fue la intención inicial de estas leyes.
Otros estudios no revelaron aumentos en la prevalencia de inyección de drogas cuando se amplió el acceso a programas clave de reducción de daños -como los programas de intercambio de jeringuillas y la salas de inyección supervisada-. Esta es una preocupación común entre los que se oponen a este tipo de intervenciones, pero estos estudios hallaron que con intervenciones preventivas del VIH basadas en la evidencia y con programas de tratamiento era poco probable que aumentase las tasas de consumo de drogas.
La revisión se suma a la creciente evidencia, acumulada durante más de dos décadas, lo que sugiere que las leyes y políticas que prohíben el consumo de drogas ilegales podrían desempeñar un papel central en perjuicio de la salud de las personas usuarias de drogas inyectables.
Los autores concluyen que «se requerirán de forma prioritaria esfuerzos decisivos para alejarse de las políticas punitivas, incluida la criminalización, para abordar el consumo de drogas inyectables para alcanzar los objetivos de ONUSIDA… Nuestros hallazgos indican que se necesitan con urgencia esfuerzos internacionales para reformar los marcos legales y políticos existentes que intentan limitar los daños asociados al uso de drogas, apoyar con eficacia los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH a nivel mundial y ayudar a poner fin a la epidemia del VIH».
