El Parlament de Catalunya aprobó ayer con los votos de CiU y PP una propuesta de los populares para elevar de 16 a 18 la edad mínima para comprar alcohol. A esta medida, que entrará en vigor dentro de un mes, se sumará una propuesta que la Generalitat prevé presentar antes del verano para limitar el consumo de alcohol en la calle.

La iniciativa, aprobada con los votos en contra de PSC e ICV y la abstención de ERC, supone la modificación de la ley de 1985 de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar dependencia. Impulsada por el diputado del PP Daniel Sirera, la medida se presentó en mayo de 2000, por lo que el diputado popular la desvinculó de la polémica abierta por los problemas que genera el “botellón” en algunas comunidades.

El preámbulo de la proposición de ley apunta la necesidad de “proteger a los jóvenes como grupo social más vulnerable ante el consumo de productos que generan dependencia” y alerta de que en Catalunya el nivel de consumo de alcohol por habitante “ha aumentado considerablemente en los últimos años”. Hasta ahora, los jóvenes de 16 a 18 años podían comprar bebidas alcohólicas entre las 8 y las 24 horas, siempre que fueran de graduación inferior a los 23 grados.

Con la reforma aprobada, ni los “establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, ni en otros lugares públicos, pueden vender ni suministrar ningún tipo de bebida alcohólica a los menores de 18 años”, de la graduación que sea y a la hora que sea. El conseller de Sanidad, Eduard Rius, celebró la reforma aunque admitió que “la prohibición no es la única medida” para evitar el consumo de alcohol entre los menores, por lo que apostó por “enfatizar la educación sanitaria e información a los jóvenes”.

Para Rius, la iniciativa aprobada “regulariza una situación que podía generar una cierta confusión y no tenía sentido” sobre la venta de alcohol a menores de 18 años hasta la medianoche. Asimismo, Rius recordó que el Gobierno catalán prevé una modificación más amplia de la ley, que restrinja la publicidad de tabaco y alcohol y llegue a prohibir del consumo en la calle para prevenir el “botellón”.

Dispersión normativa

Sólo trece comunidades autónomas tienen regulada la edad mínima para beber alcohol, y de ellas dos la tienen fijada en 16 años y el resto en 18 años, una dispersión normativa con la que quiere terminar la “Ley de Prevención del Alcoholismo Juvenil” o ley básica de ordenación propuesta por el Gobierno. La ley, propuesta por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, en el congreso “Jóvenes, noche y alcohol”. Esta normativa pretende armonizar la legislación con el consenso de todas las autonomías y los ayuntamientos.

En las comunidades de Cataluña, Cantabria, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Rioja, Canarias, País Vasco, Extremadura y Valencia, que lo aprobó así la semana pasada, la edad mínima para beber alcohol está situada en los 18 años, mientras que en Galicia y Castilla y León es de 16 años. En Madrid, se elevó hace dos años de 16 a 18 la edad mínima para comprar y consumir alcohol en establecimientos públicos. En cuanto a beber alcohol en la calle, está prohibido o limitado en las comunidades de Cataluña, Cantabria, Aragón, Valencia, Castilla y León y Canarias.

Visitas a ONGs de afectados

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, adelantó también en la presentación del informe anual de la Junta Internacional de Estupefacientes, que la norma que prepara el Gobierno para la prevención del consumo de alcohol en los jóvenes incluirá, entre otros puntos, medidas disuasorias como avisos a los padres de los menores, la “invitación” a participar en trabajos en favor de la comunidad o visitas a ONG de afectados.

Robles aseguró que el Gobierno es mas partidario de fomentar medidas de control y de concienciación frente a la prohibición. Llegado a este punto, se refirió al “macrobotellón” convocado en Madrid por distintas organizaciones juveniles para el próximo viernes. El delegado del Gobierno rechaza esta convocatoria, si bien, también se mostró en contra de “buscar la confrontación”, en este caso entre los jóvenes y los vecinos afectados por estas prácticas.

En este sentido, descartado el consumo de esta sustancia por los jóvenes, incidió en la necesidad de “buscar puntos de acuerdo entre las dos partes”. Así, Robles llega incluso a aceptar la posibilidad de que los jóvenes se reúnan en lugares abiertos para consumir “de forma moderada”, con “autocontrol” siempre y cuando no sean menores de edad y no produzcan molestias (ruidos y suciedad) al vecindario.