Redacción-

La metadona se utiliza en muchos países como medicamento eficaz para el tratamiento de la adicción a opioides. Concretamente en EE. UU. se usa desde 1960 y su dispensación está estrictamente regulada para evitar que se desvíe metadona al mercado negro o que un mal uso cause más muertes por sobredosis. Por ello está fuertemente regulado la cantidad de dosis que puedes llevarte a casa y las dosis adicionales a la pauta de medicación a las que se puede acceder.

Esta poca flexibilidad en la regulación ya ha sido históricamente cuestionada. Por una parte, por la dificultad añadida que supone a las personas que viven lejos de los centros, donde se dispensa metadona, acceder al tratamiento. Y, por otro lado, porque los criterios escogidos para determinar si una persona «es responsable del manejo de medicamentos opioides para uso no supervisado», son poco precisos. Por ejemplo: «Ausencia de abuso reciente de drogas», «estabilidad del entorno familiar y las relaciones sociales del paciente» y «si el beneficio de rehabilitación… supera los riesgos potenciales de desviación».

Pero todo esto se transformó con la llegada del COVID y los confinamientos, que hizo necesaria una mayor flexibilidad en la dispensación de Metadona. El 16 de marzo de 2020 se da autorización para recibir 28 días de dosis para llevar a casa, y 14 para «los menos estables». Esta decisión afectó a 400.000 personas.

Es por este motivo que Christopher Welsh, de la Universidad de Meryland, junto Zuzanne Doyon y Katherine Hart, de la Universidad Connecticut  y del Centro de Control de drogas de Connecticut, respectivamente. Han realizado una investigación sobre el impacto de estas medidas, en la dispensación y la salud de las personas que usaron metadona. Los resultados se han publicado en Science Direct, Drug Policy con el título «Methadone exposures reported to poison control centers in the United States following the COVID-19-related loosening of federal methadone regulations».

Los resultados del análisis de los datos obtenidos muestran que se ha dispensado un 5,3 % más de metadona durante la implementación de las medidas flexibilizadoras. Las investigadoras opinan que es un incremento menor que no ha repercutido en un aumento de sobredosis. También, comentan que el aumento puede haber estado provocado por la ampliación de los centros de dispensación de metadona y su mejor repartición territorial.

Es por ello que las investigadoras consideran que este estudio «respalda la noción de que el potencial de aumento de la metadona no regulada no conduce necesariamente a un aumento sustancial en la gravedad de las exposiciones relacionadas con metadona» y facilita el acceso a personas que con el sistema anterior tenían un agravio comparativo. Conclusiones que parecen en la línea de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMSHA), encargada de regular esta dispensación, y que ya anunciado la intención de mantener muchas de las herramientas de flexibilidad en la era postcovid.

Leer la investigación en ScienceDirect.com