Entre la calle y el uso: Situación de los derechos humanos de las personas que habitan la calle y usan drogas en Tijuana y Mexicali (México), elaborado por Elementa DDHH, es un análisis sobre la situación de las personas que habitan la calle y consumen drogas en Tijuana y Mexicali, con un enfoque en las violaciones a sus derechos humanos y las políticas de exclusión que enfrentan.
En los últimos años, el mercado ilícito de drogas se ha reconfigurado debido a la incursión de drogas sintéticas. Particularmente, la llegada del fentanilo ha impactado profundamente en la zona norte de México, concentrándose en las ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali. Ahí, el sistema de prohibición de drogas se conjuga con elementos sociales, políticos y culturales que condicionan la vida de millones de personas. Frente a esta situación, existen poblaciones que son particularmente vulnerabilizadas, como aquellas que habitan la calle y quienes consumen sustancias. Estas características las hacen objeto de persecución, criminalización, estigmatización y discriminación que buscan el borrado de sus cuerpos, que son percibidos como “indeseables” para ocupar el espacio público.
Habitar la calle es un fenómeno político, histórico, económico, social y cultural complejo, en el cual la calle constituye un espacio paradójico, ya que se vuelve un lugar de inclusión, identidad, apropiación, vivencias, saberes y resistencias compartidas; y a su vez, es un sitio de exclusión, discriminación y criminalización, caracterizado por la vulneración de derechos de quienes viven el espacio público. Esta doble condición hace que quienes habitan la calle enfrenten múltiples formas de violencia y precarización, especialmente cuando su situación se intersecta con el uso de sustancias psicoactivas, lo que incrementa aún más su marginación y vulnerabilidad.
El consumo de drogas suele convertirse en una suerte de aparato de supervivencia para la población que habita la calle, a través de un proceso más corporal que reflexivo. La urgencia por satisfacer necesidades inmediatas permea sus prácticas y significados, haciendo que en muchos casos el consumo de sustancias se convierta en una estrategia para sobrellevar las condiciones extremas en las que viven. Aunque en el imaginario colectivo se suele asociar la habitabilidad en calle con el consumo de drogas, es importante reconocer que ambas experiencias no forman un binomio inseparable. Sin embargo, la intersección entre ambas realidades presenta características particulares que intensifican la vulnerabilidad de esta población.
No todo consumo de sustancias implica un abuso de estas; sin embargo, las condiciones de la vida en la calle suelen ser inapropiadas para la satisfacción de las necesidades básicas de una vida digna. Esto puede propiciar el uso frecuente de sustancias como paliativo ante el frío, el hambre, la violencia y la falta de refugio, generando patrones de consumo problemático. La intemperie y la itinerancia agravan este fenómeno, ya que factores como el clima, las condiciones sanitarias y la inestabilidad en el acceso a refugios afectan directamente la salud de las personas en esta situación.
El contexto de Baja California juega un papel clave en la reproducción de estas condiciones. Al ser un estado fronterizo, presenta un alto índice de movilidad humana, pues es receptor de personas deportadas de Estados Unidos, personas migrantes en tránsito y desplazadas internas que buscan oportunidades o refugio. En las últimas dos décadas, Tijuana ha pasado de ser una ciudad de tránsito a una de retorno y asentamiento, lo que ha incrementado la presencia de poblaciones en situación de calle y su exposición a violencias múltiples. A esto se suma la presencia de mercados ilícitos de drogas, disputas entre grupos del crimen organizado y la falta de infraestructura social que garantice derechos básicos a estas personas.
La mirada sobre las personas usuarias de drogas está fuertemente condicionada y estigmatizada por su condición social. Cuando una persona que habita la calle es encontrada con una sustancia psicoactiva, tiene un riesgo significativamente mayor de ser detenida en comparación con una persona que consume en otros contextos. Además, la criminalización y patologización del consumo sirven como justificación para internamientos forzosos y tratamientos coercitivos, en los cuales se reproducen prácticas violentas que vulneran sus derechos. Esta estigmatización no solo impacta en su libertad, sino también en su acceso a la salud, pues las barreras institucionales y el rechazo social dificultan que accedan a servicios médicos o estrategias de reducción de daños.
Ante esta situación, Elementa DDHH plantea un enfoque basado en la salud pública y los derechos humanos como alternativa a las políticas punitivas y de criminalización. En el informe recomienda la despenalización de la posesión simple de drogas para evitar detenciones arbitrarias y reducir la criminalización de las personas usuarias. También subraya la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos como la naloxona y el flumazenil para atender sobredosis, además de implementar estrategias efectivas de reducción de daños que permitan brindar atención integral sin exigir la abstinencia como única opción.
En este sentido, una de las estrategias clave es la implementación de salas de consumo supervisado, espacios en los que las personas usuarias pueden consumir sustancias de manera segura, con acceso a personal médico y medidas de reducción de riesgos. Este tipo de programas han demostrado ser efectivos en otros países para prevenir sobredosis, reducir la transmisión de enfermedades y generar un primer contacto con servicios de salud y apoyo social para las personas usuarias. En lugar de castigar el consumo, estas iniciativas reconocen la dignidad y autonomía de las personas, brindándoles opciones que mejoren su bienestar.
También se propone la construcción de infraestructura pública sanitaria, como baños y duchas, para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la calle, así como la capacitación de las fuerzas de seguridad para evitar el hostigamiento y abuso policial. Finalmente, se enfatiza la necesidad de eliminar normativas municipales que criminalizan la habitabilidad en calle, permitiendo que estas personas puedan ejercer sus derechos sin ser perseguidas.
