Redacción-

A finales de noviembre de este año, se ha publicado en el Harm Reduction Journal, un artículo que revisa la evidencia con la que contamos sobre cómo se han utilizado las políticas de drogas prohibicionistas para mantener las estructuras de poder coloniales. Además, en el documento también proponen como descolonizar las políticas de drogas, a través de tres pilares básicos: despenalizar, desencarcelar y desinvertir para reorientar.

Cuando empezó el proyecto colonial europeo las drogas fueron unos de los principales recursos naturales que se explotaban para el comercio, como fueron el azúcar, el tabaco, el cannabis, el opio y la cocaína. Por ejemplo, el interés del Reino Unido en el comercio del opio fue tan fuerte que les llevo a guerras contra la dinastía Ching en China por el derecho a vender el opio producido en las “Indias Orientales”. Después de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, las drogas pasaron de ser una parte esencial del comercio colonial europeo a, en palabras de la Convención Única, un “gran mal” que “conduce a la degradación personal y la alteración social”.

Pero este cambio de rumbo no sirvió para descolonizar la situación, más bien al contrario, la empeoró. Los países del norte global impusieron, a raíz de la Convención Única, en sus colonias del continente  africano, políticas de drogas opresivas, restrictivas y punitivas basadas en doctrinas políticas y religiosas occidentales, que describían la mayoría de prácticas culturales africanas como “malvadas” y “atrasadas”. Esto jugó un papel fundamental en los programas para «civilizar» la población indígena. Una opresión racista que no solo tuvo lugar en los países del sur global, sino también dentro de las fronteras de los países “del norte”. En 1994, John Ehrlichmann, ex asistente de asuntos domésticos del presidente estadounidense Richard Nixon, describía el oportunismo de la guerra contra las drogas de la administración Nixon:

“La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenían dos enemigos: la izquierda pacifista y los negros. Sabíamos que no podíamos ilegalizar el hecho de estar en contra de la guerra o de los negros, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos perturbar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus hogares, interrumpir sus reuniones y difamarlos noche tras noche en las noticias de la noche. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Por supuesto que lo hicimos”.

En la investigación, también hablan de la desigualdad desproporcionada de personas racializadas encarceladas por motivos de drogas. Actualmente, en los Estados Unidos, la tasa de personas negras encarceladas es 5 veces mayor que la de las personas blancas. Además, el 77 % de las personas encarceladas en prisiones federales por delitos relacionados con drogas son negras o latinas a pesar de que estas poblaciones representan solo el 30 % de la población de EE. UU. En palabras de las autoras del documento: “La guerra contra las drogas ha funcionado más eficazmente como sistema de control racial que como mecanismo de lucha contra el uso y tráfico de estupefacientes”.

También hablan de la represión sobre las poblaciones indígenas, que consideran desproporcionada. En Australia, las personas indígenas tienen entre 15 y 20 veces más probabilidades de ser encarceladas que las personas no indígenas. Mientras sufren la violación de sus derechos impidiéndoles realizar actos culturales con productos tradicionales para algunas comunidades como la coca, el cannabis o el opio.

Por los motivos descritos hasta ahora, y otros más que están incluidos en la investigación, las autoras proponen tres pilares básicos para descolonizar las políticas de drogas: Despenalizar, desencarcelar y desinvertir para reorientar.

Despenalizar:

En el artículo aseguran que eliminar todas las sanciones penales y administrativas, reduciría el número de personas en prisión y priorizaría la salud y la seguridad sobre el castigo. Y recuerdan que en 2001, Portugal promulgó una de las reformas más amplias al despenalizar el uso personal y la posesión de todas las drogas ilícitas, al tiempo que mantuvo las sanciones penales para actividades como el tráfico. Cambio que no provocó un aumento significativo de las tasas de consumo de drogas, pero sí provocó una disminución de las nuevas infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas y una disminución de la mortalidad inducida por las drogas.

Desencarcelar:

“La despenalización debe ir acompañada de la excarcelación y la puesta en libertad de las personas detenidas o encarceladas por delitos relacionados con las drogas” advierte el documento. Actualmente, más de 11 millones de personas están encarceladas en todo el mundo, el número más alto jamás registrado, y una de cada 5 personas en prisión en todo el mundo (2,5 millones de personas) han sido detenidas debido a delitos relacionados con las drogas, una proporción que es aún mayor en mujeres.

Las personas racializadas y las indígenas están sobrerrepresentadas en las cárceles del mundo. Estas tasas no responden a un mayor uso de las drogas, más bien responden a un mayor uso de la violencia y la fuerza con la que opera la ley en las comunidades racializadas. Por ello las autoras consideran que los esfuerzos para descolonizar la política de drogas y combatir la desigualdad racial también deben crear oportunidades para sanar y restaurar los daños y las injusticias del pasado.

«La reforma de la política de drogas debe estar impulsada por la transformación de nuestra relación con el castigo, es decir, un compromiso radical con un nuevo mundo, o no correrá el riesgo de que no se produzcan cambios significativos a largo plazo»

“Podría decirse que abolir el sistema penitenciario y el estado carcelario extiende la filosofía de reducción de daños, ampliamente valorada, tanto para “no hacer daño” como para apoyar activamente, no castigar, a las personas que consumen drogas” sentencian las autoras.

Desinvertir para reorientar:

Este punto trata de trasladar la financiación destinada a la aplicación de la ley, que ha demostrado ser ineficaz, a la reducción de daños esenciales y otros programas sociales y comunitarios, que si gozan de resultados positivos basados en la evidencia.

Cada año, se gastan 100.000 millones de dólares en la aplicación de la ley de drogas a nivel mundial, aproximadamente 750 veces más que la cantidad invertida en servicios que salvan vidas para las personas que consumen drogas.

Pero es igual de importante controlar quien invierte internacionalmente en la prevención y la reducción de daños. Para descolonizar la política de drogas, los fondos deben ser redirigidos lejos de las instituciones que defienden el racismo. Actualmente, menos de la mitad de los 179 países donde se consumen drogas inyectables tienen programas de intercambio de agujas, y los que tienen están concentrados en de los países de Eurasia, América del Norte y Europa Occidental.

“Necesitamos detener los programas en curso que alimentan las violaciones de derechos humanos en nombre del control de drogas, como la pena de muerte, la detención obligatoria y la rehabilitación, y cuestionar las inversiones en curso en estos sistemas, incluido el papel de la financiación estatal y los actores de la ONU, como parte de esfuerzos para desinvertir y reorientar”.

 

Leer el artículo original en HarmReductionJournal.com