Informe de la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng.

En el marco del 26 de junio, una fecha importante para la reflexión sobre las políticas de drogas, la Relatora Especial sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, instó a los Estados a poner fin a la “guerra contra las drogas”. En su cuarto informe –presentado meses atrás–, Mofokeng examina la intersección entre la reducción de daños y el consumo de drogas, así como las políticas y leyes que afectan negativamente el disfrute del derecho a la salud.

El documento subraya que la reducción de daños, desarrollada en el contexto del consumo de drogas, engloba políticas, programas y prácticas para minimizar los efectos negativos en la salud, sociales y jurídicos asociados al consumo y las leyes sobre drogas. Mofokeng destaca que los Estados deben implementar intervenciones basadas en evidencias para mitigar los riesgos y daños a la salud relacionados con el consumo de drogas.

«Los determinantes sociales, políticos, comerciales y jurídicos de la salud influyen en los contextos en los que una persona puede producir, distribuir o consumir drogas y pueden crear y reforzar las desigualdades en salud».

La Relatora Especial enfatiza que la criminalización, estigmatización y discriminación son barreras estructurales que limitan el acceso a servicios de salud, afectando especialmente a poblaciones vulnerabilizadas. Critica la falta de atención adecuada a la reducción de daños en contextos que no responden a las necesidades de aquellas más afectadas por las políticas punitivas.

Mofokeng insta a respetar a las personas que consumen drogas y a las que sufren trastornos relacionados, abogando por un enfoque centrado en la salud pública y los derechos humanos. Su informe señala la importancia de distinguir entre el consumo de drogas y los trastornos por consumo de drogas, y critica las estrategias de la “guerra contra las drogas” que han exacerbado los daños, especialmente en el Sur Global, vulnerando derechos humanos, incluido el derecho a la salud. “Todas las partes interesadas deben respetar a las personas que consumen drogas, a las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas y a las personas cuya salud y bienestar se ven afectados por las leyes y políticas sobre drogas”.

El documento también aboga por un enfoque descolonizador que examine las estructuras de poder perpetuadas por el colonialismo, influyendo en cómo los Estados manejan el consumo de drogas. Resalta la interrelación del derecho a la salud con otros derechos humanos, subrayando la necesidad de consentimientos informados y la atención adecuada en los centros de tratamiento.

Las personas privadas de libertad y las mujeres enfrentan desafíos específicos, con mayores niveles de estigmatización y violencia. Los servicios de reducción de daños deben considerar estas diferencias y vincularse con servicios de violencia de género y salud sexual y reproductiva. «Las mujeres que consumen drogas se enfrentan a mayores niveles de estigmatización y discriminación social, y los servicios de reducción de daños suelen concebirse sin tenerse en cuenta las diferencias de género. Las mujeres que consumen drogas también se ven sometidas a unos índices de violencia hasta 24 veces superiores a los que sufren las mujeres que no consumen drogas».

Además, las personas de la comunidad LGBTIQA+ enfrentan barreras significativas debido a la discriminación. Esto ha contribuido a que las investigaciones en este ámbito sigan presentando lagunas, que no existan programas que atiendan las necesidades de esta población, que persistan las barreras para acceder a los servicios que sí existen y a que no se tomen medidas en materia de políticas para proteger la salud de quienes consumen.

Mofokeng también critica el impacto de la industria farmacéutica en el acceso a medicamentos y el derecho a la salud, señalando prácticas que socavan estos derechos.

Conclusiones y Recomendaciones

La Relatora Especial insta a los Estados a adoptar un enfoque de reducción de daños basado en derechos humanos, con base científica. Las personas que consumen drogas, especialmente las ya vulnerabilizadas, deben participar en la creación de políticas y servicios. Además, los programas de reducción de daños, como los de agujas y jeringuillas y el tratamiento de sustitución con opioides deben implementarse para asegurar el derecho a la salud.

Por último, los Estados deben despenalizar y modificar leyes que impacten negativamente el derecho a la salud y perpetúen sistemas de opresión. Se debe considerar la reducción de daños basada en datos científicos como una medida efectiva para garantizar la salud y los derechos relacionados.