Revisión de una década sobre la pena de muerte para delitos de drogas
En la última década, la pena de muerte para delitos de drogas ha seguido siendo una práctica común en varios países, a pesar de los esfuerzos internacionales por erradicarla. Un informe de Harm Reduction International (HRI), titulado Revisión de una década sobre la pena de muerte para delitos de drogas, revela que entre 2014 y 2023 se registraron al menos 3113 ejecuciones por delitos relacionados con drogas. Esto representa aproximadamente una de cada tres ejecuciones a nivel mundial durante ese período. El documento destaca problemas graves como la falta de transparencia, la discriminación en la aplicación de la ley y la ineficacia de las políticas punitivas, subrayando la necesidad urgente de una reforma global.
Actualmente, 34 países siguen aplicando la pena de muerte como parte de su lucha contra el narcotráfico, siendo Irán, Arabia Saudita y Singapur los principales ejecutores. En 2015 se alcanzó el pico de ejecuciones, con 763 casos relacionados con drogas, lo que representó el 44,6% de todas las ejecuciones a nivel mundial. Aunque en 2020 el número de ejecuciones descendió significativamente, con solo 30 casos registrados, el informe advierte que esto no refleja necesariamente un cambio en las políticas, sino que se debió a factores como la pandemia y a moratorias temporales en países como Arabia Saudita.
La persistencia en el uso de la pena capital para delitos de drogas contrasta con los avances hacia la abolición de la pena de muerte en general. Desde 1989, 90 países han ratificado el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), que promueve la eliminación de la pena capital. Sin embargo, las reformas que han llevado a la abolición de la pena de muerte para delitos ordinarios no han incluido los delitos de drogas. Solo Pakistán ha dado un paso en esta dirección, eliminando la pena capital para todos los delitos de drogas en 2023.
El informe de HRI también pone de manifiesto la desigualdad en la aplicación de la pena de muerte, que afecta de manera desproporcionada a los grupos de personas más vulnerabilizadas, que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a una defensa legal adecuada, lo que incrementa el riesgo de errores en sistemas donde los juicios no siempre cumplen con los estándares internacionales.
En cuanto a las reformas legislativas, la última década ha visto tanto avances como retrocesos. Malasia, por ejemplo, eliminó la pena de muerte obligatoria para ciertos delitos de drogas en 2023, permitiendo a los jueces ejercer mayor discrecionalidad. En cambio, países como Bangladesh han endurecido sus políticas, incluyendo en 2018 la pena capital para la producción y distribución de metanfetaminas.
La comunidad internacional ha intensificado sus esfuerzos para abolir la pena de muerte, pero con resultados dispares. Por ejemplo, en 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó el Comentario General Número 36, que aclara que los delitos de drogas «nunca pueden servir como base» para la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, el impacto de estas recomendaciones ha sido limitado en algunos países que siguen utilizando la pena capital como herramienta de disuasión.
Un aspecto preocupante señalado en el documento es la falta de postura clara por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que en los últimos años ha evitado pronunciarse abiertamente contra la pena de muerte por delitos de drogas. Este silencio podría interpretarse como una aprobación tácita de esta práctica, en contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe concluye con un llamado urgente a redirigir los esfuerzos hacia enfoques basados en la reducción de daños y el respeto a los derechos humanos. Aboga por una mayor transparencia en la aplicación de la ley, la protección de los derechos de las personas acusadas y la eliminación de la pena de muerte como respuesta al narcotráfico. Sin un cambio radical en las políticas de drogas, la pena capital continuará siendo una herramienta injusta y discriminatoria que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales.