En abril de 2025, la Eurasian Harm Reduction Association (EHRA) publicó el informe Mapping repression: legal trends impacting civil society in Central and Eastern Europe and Central Asia (Mapeando la represión: tendencias legales que afectan a la sociedad civil en Europa Central, del Este y Asia Central). Este documento ofrece un análisis detallado de cómo en 29 países de Europa Central, del Este y Asia Central se está reduciendo el espacio cívico a través de marcos legales restrictivos. La investigación se basó en cuestionarios a organizaciones miembro, revisión documental y validación con personas expertas locales, y se centra en tres áreas clave: leyes de “agentes extranjeros”, censura de información sobre drogas y leyes anti-LGBTQ+.

El informe subraya que estas medidas no son hechos aislados, sino parte de una estrategia regional que utiliza narrativas de soberanía, moral y protección de la infancia para justificar la represión. Además, advierte que estas restricciones afectan de manera directa a la salud pública, los derechos humanos y el funcionamiento democrático.

Uno de los pilares más notorios de esta tendencia es la expansión de las leyes de “agentes extranjeros”. Inspiradas en el modelo ruso de 2012, estas normativas se han extendido a países como Georgia, Kirguistán, Serbia, Kazajistán y Bosnia-Herzegovina (República Srpska). Obligan a organizaciones que reciben financiamiento internacional a registrarse con etiquetas estigmatizantes e imponen obligaciones burocráticas, auditorías y sanciones penales. El efecto es devastador: cierre de organizaciones, pérdida de financiamiento, vigilancia estatal y exclusión de espacios de toma de decisiones. En algunos casos, como en Georgia, se exige incluso la entrega de datos personales de beneficiarios, poniendo en riesgo su privacidad.

En paralelo, crecen las leyes de “propaganda de drogas” que censuran información sobre reducción de daños. Al menos siete países han adoptado medidas que criminalizan la difusión de información sobre prevención de VIH, sobredosis y hepatitis. Aunque se presentan como acciones para “proteger a la juventud”, en la práctica debilitan programas de salud pública y generan un clima de miedo entre las organizaciones. Ejemplos como Rusia, Hungría, Montenegro y Macedonia muestran cómo estas restricciones limitan el acceso de las personas que usan drogas a herramientas de cuidado y prevención.

El avance de leyes anti-LGBTQ+ completa este panorama de contracción de derechos. Siguiendo el modelo ruso, leyes contra la llamada “propaganda LGBTQ+” se han aprobado en Rusia, Hungría, Georgia, Kirguistán y Bulgaria. Estas normas censuran cualquier representación positiva de identidades y relaciones diversas en medios, educación y espacios públicos. Más allá de la censura, legitiman la discriminación, aumentan la violencia y afectan la salud mental de las personas LGBTQ+. Incluso en países sin leyes formales, como Serbia o Armenia, la presión política y social limita la visibilidad y seguridad de estas comunidades.

El informe identifica un patrón común: gobiernos que utilizan narrativas de “valores tradicionales”, “protección de la niñez” o “soberanía nacional” para justificar restricciones a derechos y libertades. Estas narrativas buscan consolidar poder político, silenciar voces críticas y aislar a la sociedad civil de redes internacionales de apoyo. Si bien algunos países —especialmente miembros de la Unión Europea— mantienen protecciones legales y un espacio cívico abierto, el riesgo de contagio legislativo sigue siendo alto.

Ante este panorama, la EHRA propone varias estrategias. Recomienda un financiamiento flexible y sostenible para organizaciones que operan en entornos represivos, especialmente las que trabajan con personas que usan drogas y comunidades LGBTQ+. También plantea fortalecer la defensa legal y las redes de apoyo para activistas, periodistas y ONG afectadas, así como aumentar la presión diplomática internacional para frenar leyes que violen derechos fundamentales. Además, llama a crear alianzas intersectoriales entre defensores de derechos humanos, salud pública y libertades cívicas para resistir el avance autoritario.

La contracción del espacio cívico en CEECA no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia regional de control político. Las leyes de “agentes extranjeros”, la censura de información sobre drogas y las leyes anti-LGBTQ+ son síntomas de un mismo proceso: el debilitamiento de la democracia y la exclusión de comunidades vulnerabilizadas.