El informe Vidas supervisadas: un análisis de los contextos que perpetúan el consumo de psicofármacos en mujeres, elaborado por la Asociación Progestión, revela que el consumo de psicofármacos en mujeres sigue en aumento y se consolida como un problema estructural en España. Según el Ministerio de Sanidad, en el año 2022, el 16% de las mujeres entre 15 y 64 años consumió hipnosedantes, frente al 10,3% de los hombres, un patrón que se agrava con la edad y que evidencia una cronificación del consumo.
El estudio sostiene que esta tendencia no puede explicarse únicamente desde una perspectiva médica, sino que responde a dinámicas de género y factores socioeconómicos. La doble jornada laboral, la precariedad y la presión social sobre las mujeres para cumplir múltiples roles contribuyen al malestar que, en ausencia de otras soluciones accesibles, es abordado con medicación. Además, el informe denuncia que la autoridad médica y la sacralización del saber experto refuerzan la dependencia a los fármacos, dejando a las mujeres en una posición de subordinación respecto a su propia salud mental.
A partir de entrevistas y grupos focales, el informe identifica dos líneas principales que explican la medicalización de mujeres cada vez más jóvenes y su mantenimiento a lo largo de la vida, a pesar del auge del feminismo y del señalamiento de la desigualdad en el consumo de psicofármacos. La primera línea analiza el dispositivo donde se imbrican los fármacos, dividiéndolo en el modelo de enfermedad y el modelo legal. En el modelo de enfermedad, se examina el papel del sistema médico como dispositivo de control social y cómo influye en la gestión del consumo de psicofármacos, diferenciando entre estrategias de subordinación y disidencia. También se estudia la relación entre las mujeres y los profesionales sanitarios, señalando una creciente profesionalización del bienestar. En el modelo legal, se compara la regulación de los psicofármacos con otras sustancias psicoactivas, destacando cómo la permisividad con los primeros ha generado una cronificación del consumo y una invisibilización de sus efectos no deseados.
La segunda línea de análisis se centra en los contextos en los que se encuentran las mujeres y cómo estos influyen en la gestión de su malestar y en la construcción de su subjetividad. Se identifican tres ámbitos clave donde el contexto económico-productivo intersecta con el género: el ámbito relacional, la explotación del tiempo y el ámbito laboral. Además, el informe subraya dos formas de violencia que atraviesan la vida de muchas mujeres: la violencia sexual en la infancia y adolescencia, y la violencia institucional, coordinada entre el ámbito médico y el jurídico.
El informe destaca que todas las mujeres participantes en el estudio adquirieron los hipnosedantes mediante receta médica. Esto confirma que el dispositivo médico es el punto de partida de los saberes, discursos y prácticas que regulan el consumo de psicofármacos. La capacidad de prescripción médica no solo determina qué efectos son considerados deseables y cuáles no, sino que convierte los efectos secundarios en un «precio a pagar» dentro del proceso de habituación al consumo.
Otro punto clave es la relación entre la política de drogas y la medicalización. El marco jurídico que divide las sustancias de uso legales de las ilegales crea una dicotomía permisiva-punitiva que aleja a las mujeres del consumo de sustancias no reguladas, reforzando la dependencia a los psicofármacos. Aunque el consumo de drogas de uso ilegal está convergiendo entre hombres y mujeres, persisten desigualdades en el acceso y en la percepción de riesgo. La confianza en la política de drogas se basa en una ciencia que prioriza el estudio de las moléculas y sus efectos sobre la salud, lo que legitima los mecanismos de control sobre determinadas sustancias mientras se permite la expansión del consumo de psicofármacos.
El informe también denuncia la invisibilización de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia como un factor clave en la salud mental de muchas mujeres. Según los testimonios recogidos, esta forma de violencia sigue estando oculta y subestimada en los diagnósticos médicos, lo que contribuye a una medicalización del trauma en lugar de abordarlo con estrategias de apoyo psicológico y social.
Finalmente, el estudio plantea la necesidad de repensar la relación entre las mujeres, los psicofármacos y el sistema de salud desde una perspectiva de género y reducción de riesgos. Ante un sistema que cronifica el uso de psicofármacos y obvia las estrategias que las mujeres llevan a cabo para soportar un sufrimiento estructural, es fundamental:
- Reconocer el consumo de psicofármacos como una estrategia de supervivencia ante la falta de alternativas viables y accesibles.
- Desarrollar enfoques más flexibles y personalizados para la gestión del consumo, adaptados a las experiencias individuales de las mujeres.
- Promover alternativas al uso de psicofármacos basadas en el apoyo comunitario y social, en lugar de una medicalización sistemática.
- Cuestionar la hegemonía del saber médico y dar espacio a las mujeres como expertas en sus propios cuerpos y malestares.
