Recomendaciones para las políticas, programas e intervenciones en materia de drogas y adicciones

Descripción

Recomendaciones para las políticas, programas e intervenciones en materia de drogas y adicciones

Este documento se nutre del trabajo realizado en los Nodos Geográficos de la RIOD (el Nodo Andino; el Nodo Centroamérica, México y Caribe; el Nodo España y el Nodo Sur).

El consumo de drogas y las adicciones son un fenómeno multidimensional presente en todas las sociedades. Si bien el impacto de este en cada una de ellas depende de un conjunto de factores, en todas repercute en la salud pública, la justicia social, la economía, en la gobernanza y en la seguridad y el desarrollo ciudadano. Lejos de tratarse de un fenómeno reciente, se entrelaza con la construcción social, económica, política y también cultural de Iberoamérica.

En perspectiva histórica, desde finales del siglo XVIII e inicios del XIX, el consumo de sustancias se convirtió en un precursor de la economía global y de los cambios de paradigma en relación con los imaginarios sociales. Estos consumos no se enmarcaban ya solamente desde una perspectiva recreativa y curativa, sino también como un problema de salud pública. En este contexto, en 1909, la Conferencia de Shanghái establece el primer mecanismo de coordinación internacional para abordar el fenómeno. Desde entonces hasta las actuales estrategias nacionales e internacionales, las políticas de drogas han buscado equilibrar la protección de la salud pública, la promoción de la justicia social y la seguridad ciudadana, con un énfasis creciente en los derechos humanos y en enfoques basados en la evidencia científica.

Así, estas políticas, entendidas como el conjunto de estrategias, leyes, programas y medidas adoptadas por los Estados para regular el uso, producción, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas (tanto legales como ilegales), desempeñan un papel fundamental en la gestión de los problemas asociados al consumo. Su importancia radica en diversos aspectos clave. Primero, la protección de la salud pública, ya que permiten a los poderes públicos implementar medidas preventivas y de tratamiento que podrían reducir los impactos negativos del consumo en la población. Segundo, un enfoque que combine la reducción de la demanda de drogas con políticas de inserción social, contribuiría a disminuir el crimen y el tráfico, la delincuencia asociada al consumo y la inseguridad ciudadana. Tercero, en términos de justicia social, estas políticas pueden combatir la estigmatización de las personas que consumen drogas, fomentando la equidad y reduciendo las desigualdades sociales.

Además, una gestión eficiente de los recursos promueve la sostenibilidad económica, reduciendo la sobrecarga en los sistemas de salud y justicia y optimizando el uso de los recursos públicos. Finalmente, estas políticas son esenciales para la protección de los derechos humanos, asegurando que las personas afectadas por el consumo de drogas reciban un trato digno y acceso adecuado a servicios de salud.

Iberoamérica se ha caracterizado por una diversidad de enfoques y resultados en cuanto a estas políticas. La región, reconocida por su papel como principal productor y distribuidor de sustancias psicoactivas, ha sido un espacio de experimentación y debate sobre políticas de drogas. Desde modelos basados en la prohibición y represión —que han priorizado la erradicación de cultivos y el control del tráfico— hasta enfoques más integrales que promueven la prevención, el tratamiento y la reducción de daños; los países de la región han tenido que enfrentar las consecuencias del fenómeno de la “Guerra contra las drogas” y su impacto en desafíos estructurales como la pobreza, la inequidad y la violencia; mientras que las respuestas políticas a menudo han estado marcadas por la falta de coordinación, los recursos insuficientes.