«Que debemos absolver y absolvemos a los tres acusados del delito contra la salud pública del que eran acusados, declarando de oficio las costas y el comiso y destrucción de la droga intervenida al ser de ilícito comercio una vez sea firme la presente resolución”. Este es el fallo que el pasado 9 de julio adoptaba la sección novena de la Audiencia Provincia de Málaga sobre un alijo de 600 kilos de hachís aprehendido a una red hispano-irlandesa y cuyos miembros se fueron de rositas al arrancar el caso con escuchas ilegales. Una resolución judicial que se produjo dos años y medio después de que se llevase a cabo la operación que propició la incautación de la droga y que pone en evidencia una lentitud exasperante en un proceso de destrucción donde policías, jueces y políticos se lanzan reproches.

«¿Cómo es posible que aún estuviese almacenada la droga?», se preguntaba con hastío un agente de la Udyco Costa del Sol cuando se enteró de que entre los estupefacientes robados en noviembre del año pasado del depósito de Málaga se encontraban algo más de 40 kilos de cocaína incautados a un conocido clan de «narcos» malagueños. «Tanto trabajo para nada», lamentó con cierta resignación. Sentimiento al que se podía sumar la incredulidad de la sociedad cuando la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) criticó que en los patios de los cuarteles se acumulaban cientos de kilos de hachís.

El protocolo de la destrucción de la droga en España siempre ha estado rodeado de polémica. Una polémica latente que cobra fuerza cuando se produce algún suceso a su alrededor. El robo de cocaína en dependencias policiales de Sevilla o el citado asalto al depósito de Málaga –«un trabajo fino», como lo definieron expertos policiales– han sido sus últimos exponentes.

El protocolo de la droga

El recorrido de la droga intervenida es claro, aunque no los plazos de su destrucción. Cuando los agentes aprehenden un alijo, se deben tomar diversas muestras que se envían a las unidades territoriales del Ministerio de Sanidad, dependientes de las correspondientes Subdelegaciones del Gobierno, para que las analicen y confirmen científicamente que es un estupefaciente. Los resultados de estas investigaciones son la principal prueba de cargo contra los narcotraficantes en los juicios, por lo que la cadena de custodia es clara. No obstante, esta investigación también establece la cantidad de los componentes del estupefaciente, revelando su «huella química» y ayudando a los agentes a determinar si una incautación puede pertenecer a un determinado alijo.

La droga incautada queda después en custodia a la espera de que la autoridad judicial decida su incineración, que habitualmente se suele hacer en centros de tratamiento de residuos y bajo fuertes medidas de seguridad. El problema estriba en que no hay un plazo de almacenamiento, por lo que puede haber un magistrado que autorice la destrucción inmediatamente después de la aprehensión, mientras que otros pueden tardar daños.

El exsubdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, culpó indirectamente a los jueces de que en los almacenes se acumule la droga intervenida: «A pesar de que se les había pedido autorización para destruirla, no había llegado». Palabras que encontraron respuesta en el actual presidente Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien cuestionó que la droga continuase en el almacén por falta de un permiso judicial para incinerarla, ya que «la ley obliga a inmediatamente que se incauta acordar su destrucción». Un rifirrafe que no hizo más que añadir más confusión sobre un protocolo ineficaz.

¿Y quién vigila?

Un depósito dependiente del Ministerio de Sanidad, situado a 300 metros de un cuartel de la Guardia Civil, en demarcación de la Policía Nacional y vigilado por una empresa de seguridad privada a tiempo parcial. Esta es la situación en la que se encontraba el almacén de la droga de Málaga y por la que los sindicatos policiales pusieron el grito en el cielo. Los agentes consideraban incomprensible que un edificio de tales características no contase con vigilancia física por las noches y los fines de semana. Todo se confió a una tecnología que los ladrones consiguieron desactivar.