Los datos sobre tráfico y consumo de drogas en el país son desoladores. Revelan una situación alarmante en la que sobran evidencias de los gravísimos problemas existentes y faltan acuerdos básicos y elementales, y políticas serias.

En los últimos días salieron a la luz dos estudios cuyos resultados abruman. Por un lado, desde 2009, cuando se conoció el fallo de la Corte sobre el «caso Arriola», creció el 17 por ciento el consumo de marihuana entre los adolescentes porteños. Según un sondeo entre 2870 estudiantes de escuelas secundarias del distrito, realizado en 2011 por el Observatorio de Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Social porteño, el 20% de los alumnos del nivel medio aseguró haber probado esa droga. Por otro lado, las incautaciones de cocaína en el país aumentaron casi ocho veces entre 2002 y 2009, siendo la Argentina y Chile donde más creció el consumo de esa droga, además de las sintéticas, como el éxtasis. Los datos corresponden al Informe Mundial sobre las Drogas 2012 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Más allá de la discusión nunca clarificada por las autoridades nacionales respecto de si se incauta más porque se hacen más operativos o porque hay más droga en circulación, desde estas columnas nos inclinamos por esta última hipótesis; lo cierto es que las estadísticas sobre consumo resultan preocupantes. En el mismo informe de las Naciones Unidas, presentado en Nueva York, se afirma que las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad, al tiempo que socavan los derechos humanos y plantean riesgos considerables para la salud.

La radiografía de una Argentina que ha dejado definitivamente de ser un país de tránsito para convertirse en uno de consumo, según palabras del ministro de Salud, Juan Manzur, dichas en marzo pasado ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, impone que la búsqueda de soluciones no se retrase más.

En las últimas semanas, el Congreso Nacional intentó avanzar sobre una decena de proyectos de diversos legisladores, tendientes a despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. El lanzamiento de la discusión, que había tenido un importante impulso «a título personal» del senador hoy kirchnerista Aníbal Fernández, quien propone no criminalizar la tenencia de todo tipo de drogas, que, en el caso de la marihuana, incluye la eliminación de la persecución judicial para quienes la cultiven para uso privado, no pudo sortear el trámite en Diputados.

En la Cámara baja, si bien hubo un intento de emitir dictamen, la discusión se congeló apenas el bloque oficialista advirtió que llegaban señales claras desde la Presidencia para no seguir avanzando con el tema. En la oposición, en tanto, surgieron dudas sobre la necesidad de zambullirse en proyectos que a simple vista no garantizan una contención adecuada para los adictos, precisamente uno de los puntos más críticos del panorama sanitario actual.

El Episcopado hizo escuchar su voz al plantear que, si bien no se debe criminalizar al adicto, no se le están brindando posibilidades concretas de recuperación. En un documento, expresó que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de cárceles en el país, pero que no hubo la misma inversión en centros de atención de adictos, por lo que consideró «imprescindible crear otras alternativas (a la despenalización) que orienten las acciones, no hacia cuestiones penales, sino a la verdadera atención de los que sufren la enfermedad».

En Uruguay, un reciente proyecto del gobierno de José Mujica con el fin de impulsar la legalización de la comercialización de marihuana también encendió la polémica. Esa iniciativa sostiene que el Estado producirá y venderá esa droga con regulación de límites a los que se inscriban en un registro de consumidores, al tiempo que establece un fuerte impuesto a la venta de cigarrillos para crear un fondo que financie el tratamiento de las adicciones. El consumo ya está despenalizado en Uruguay.

La experiencia en otros países va desde la despenalización de la tenencia para consumo personal, pero con el mantenimiento de un análisis médico obligatorio y multas y trabajos comunitarios (Portugal), hasta colocar a la marihuana en el grupo de drogas que no deben recibir tolerancia en el trato judicial (Gran Bretaña) y el cambio de política en los coffee shops holandeses, donde ya no podrán consumirla los extranjeros. «Lo que hagamos y, en particular, las políticas que promovamos deben basarse en datos probatorios. De lo contrario, nos condenaremos a depender de la incertidumbre y de la intuición en el momento de tomar las decisiones más importantes», afirmó Alvaro Briones, director de una de las secretarías de la OEA.

Precisamente, incertidumbre e intuición son dos sensaciones que nunca deben pesar a la hora de definir políticas en materia tan delicada como la preservación de la salud de la población. De ser necesario, el cambio legal debe estar precedido por un intenso y serio debate, mientras que en el ámbito gubernamental, el tráfico y consumo de drogas ya no puede adoptar otra categoría que no sea la de cuestión de Estado.