¿Derecho a la intimidad o la salud? La propuesta parlamentaria de legalizar la posesión y cultivo de drogas para uso personal sobre la base de que es un derecho individual ha levantado una fuerte polémica en Argentina, donde los organismos oficiales y privados de lucha contra la drogadicción han alertado de que la medida puede disparar el consumo, en un país donde uno de cada siete jóvenes reconoce haber tomado algún tipo de sustancia ilegal.

Según la legislación actual, la posesión de drogas para uso personal está castigada con un mes de cárcel, evitable si el condenado acepta someterse a tratamiento. De acuerdo con el texto propuesto por una comisión convocada por el Ministerio de Justicia, tampoco estaría prohibido consumir drogas en público porque «quien consume drogas en público no hace daño a otros». Una de las abanderadas de la propuesta es la diputada Diana Conti: «No hace fumar a otros el ver a alguien fumando en la calle», dice.

«La experiencia que vemos en países como Holanda es que después de medidas de este tipo hay un avance del consumo», señala Norberto Colominas, portavoz de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), organismo gubernamental de «tolerancia cero».

La droga ilegal más consumida en Argentina en la marihuana, que en un 80% procede de Paraguay y que cada vez usan más los chavales de 12 y 13 años. Según el Sedronar, en Argentina se consume entre el 10% y el 15% de la droga que atraviesa el país hacia otras zonas. Para los expertos, si se permite el cultivo -aunque sea «para consumo personal»-, Argentina dejará de ser zona de paso para convertirse en un país consumidor.

Uno de los puntos más polémicos es la reducción de penas para la venta. Algunos parlamentarios han hablado de «marketing del narcotráfico», subrayando que en la mayoría de los países las penas más duras suelen recaer en los traficantes. Para la Asociación Antidrogas Argentina, la nueva ley eliminaría cualquier traba legal para el pequeño traficante. «Es una locura», subrayó el juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova: «Cuando aún no se ha empezado a trabajar con la prevención ya se habla de legalizar».