Con motivo de la celebración el día 26 de junio del Día Internacional contra las Drogas, la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN)1, a la que pertenece Amnistía Internacional, ha expresado su creciente preocupación por el hecho de que en varios países de Asia y Oceanía se impone la pena de muerte más por delitos relacionados con la droga que por cualquier otro delito, en un momento en el que la tendencia mundial es limitar y abolir la pena capital.

Según la ADPAN, 16 países de Asia y el Pacífico siguen aplicando la pena de muerte por los delitos de tráfico y posesión de drogas.

La ADPAN reconoce que es legítimo que los gobiernos adopten contra los traficantes de drogas y autores de delitos relacionados medidas adecuadas para hacer cumplir la ley, y que los Estados pueden ser partes de tratados internacionales para el control de las drogas que les exija la adopción de dichas medidas. Sin embargo, no hay pruebas fehacientes de que la pena de muerte tenga más efectos disuasorios contra futuros traficantes de droga que cualquier otro castigo.

En los 16 países que imponen la pena de muerte por delitos relacionados con la droga, Amnistía Internacional sigue careciendo de datos que demuestren que esta pena haya producido un descenso en el consumo o el tráfico de estupefacientes. En China, por ejemplo, los datos policiales muestran que el número de consumidores aumentó un 35 por ciento en los cinco años siguientes al 2000. En Vietnam, la BBC citó a un funcionario que declaró que, en el 2005, la cantidad de drogas confiscadas por el servicio de aduanas había aumentado un 400 por cien respecto del año anterior, a pesar del uso de la pena de muerte.

A lo largo de los años, los órganos y expertos de la ONU en materia de derechos humanos han examinado el ámbito de aplicación de la pena de muerte en diferentes países del mundo. En lo relativo a la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, las definiciones legales de los delitos de posesión y tráfico de estupefacientes varían considerablemente según cada país. En enero de 2007, al analizar esta práctica, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, profesor Philip Alston, concluyó que la pena de muerte debía entenderse como “una medida totalmente excepcional” que sólo puede imponerse en casos en los que “puede demostrarse que hubo una intención de matar que provocó la pérdida de vidas”. En abril, en un recurso contra la Constitución de Indonesia, el profesor Alston, que compareció como testigo, declaró ante el Tribunal Constitucional que: “[la] muerte no es una respuesta adecuada al delito de tráfico de drogas.”

Dado que en muchos países de Asia la pena capital está rodeada de secreto, no se puede saber con exactitud cuántas condenas a muerte se imponen por delitos relacionados con la droga. Sin embargo, los informes vienen mostrando que en países del Sureste Asiático como Indonesia, Malaysia, Singapur, Tailandia y Vietnam, la mayoría de los casos de pena de muerte son casos de delitos relacionados con la droga.

Además, en Brunei, la India, Laos, Tailandia, Corea del Norte, Singapur y Malaysia, la pena de muerte es preceptiva para ciertos delitos relacionados con las drogas, lo que impide a los jueces tener en cuenta circunstancias atenuantes.

Todas las actuaciones judiciales, y especialmente las relacionadas con delitos punibles con la pena capital, deben ser conformes a las garantías procesales mínimas contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluyen el derecho a ser oído públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial, la presunción de inocencia, el derecho a una asistencia legal adecuada y el derecho a que la decisión sea sometida a un tribunal superior.

Algunos países de Asia como Malaysia, China y Singapur, no aplican la presunción de inocencia a los delitos relacionados con las drogas, sino la presunción de culpabilidad. La presunción de inocencia es una norma internacional consolidada. El requisito de que se considere inocente al acusado hasta que se demuestre su culpabilidad en el curso de un juicio en el que se cumplan todas las garantías de imparcialidad tiene enormes implicaciones para el derecho de los encausados a un juicio justo. Significa que la acusación debe demostrar la culpabilidad de la persona acusada. Si existe una duda razonable, el acusado no debe ser declarado culpable. Si se invierte la carga de la prueba, el acusado perdería efectivamente el beneficio de la duda, lo que aumenta el riesgo de que se ejecute a una persona inocente.

La no aplicación de la presunción de inocencia a las personas acusadas de delitos relacionados con las drogas, combinada con la imposición preceptiva de la pena de muerte, es una violación evidente de las normas legales internacionales. A menudo estas violaciones van unidas a la ausencia de asistencia legal adecuada en todas las fases de las actuaciones, como cuando los encausados carecen de medios económicos para pagar a un abogado defensor, lo que agrava la injusticia del procedimiento.

En China, las autoridades vienen aprovechando los últimos años el Día Internacional contra las Drogas para realizar ejecuciones masivas. Entre el 13 y el 26 de junio de 2006, Amnistía Internacional registró 55 ejecuciones por delitos relacionados con la droga.

Los estudios han demostrado que la pena de muerte se impone de forma desproporcionada a los miembros de la sociedad más pobres y vulnerables. Muchas personas participan en el tráfico de drogas por desesperación o ignorancia; ejecutarlas no sólo no disuade a otras, sino que tampoco aborda las cuestiones subyacentes que las impulsan a delinquir, como la pobreza y la falta de educación, y obviamente descarta la posibilidad de rehabilitación.

La ADPAN insta a los países de Asia y Oceanía a que sigan el ejemplo de países como Filipinas y Nepal y se unan a la tendencia mundial hacia la abolición total de la pena de muerte, empezando por poner fin al uso de esta pena por delitos relacionados con las drogas y estudiando e implantando tratamientos alternativos para romper el ciclo de consumo de drogas y delincuencia.

Los 16 países de Asia y Oceanía que siguen aplicando la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas son: Bangladesh, Brunei, China, Corea del Norte, Corea del Sur, la India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Si desean más información sobre la ADPAN, visiten: http://asiapacific.amnesty.org/apro/APROweb.nsf/pages/adpan

1. La Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) es una red informal independiente que cuenta con más de 34 miembros entre personas y organizaciones de 18 países, sobre todo de la región de Asia y Oceanía.