El Gobierno colombiano y la ONU firmaron el pasado viernes en Viena un convenio para impulsar la lucha contra los cultivos de coca en ese país, donde el acuerdo de paz con las FARC suscrito hace un año aún no ha resuelto los problemas de violencia en el campo y el yugo que el narcotráfico impone a las comunidades campesinas. Las autoridades han puesto en marcha programas de sustitución voluntaria y de erradicación forzosa para acabar con las 146.000 hectáreas de cultivos registradas en 2016 y se han comprometido a eliminar unas 100.000 antes de 2019. Pero al margen de las cifras, y en medio de las presiones de la Administración estadounidense de Donald Trump, el plan antidroga de Colombia persigue una renovación radical de los ecosistemas ilegales que azotan las zonas rurales.
Bo Mathiasen: “Hay que garantizar que los cocaleros puedan elegir sin la presión de grupos ilegales”
