«Me golpeaban como si estuviesen azotando a un caballo y cada latigazo me arrancaba la piel. Un guardia me dijo que lo hacía para que aprendiese las reglas del centro, le rogué que parase. Sentía que ya no era un ser humano». Así describe su tortura Smonh, un camboyano de 20 años retenido durante tres meses en uno de los centros ilegales para ‘tratar’ la adicción a las drogas que existen en Camboya.

La ONG Human Rights Watch lleva años persiguiendo el cierre de estas instalaciones en las que la tortura es el método empleado para tratar a los usuarios de drogas. Después de un primer informe publicado en 2009, la ONG acaba de difundir un nuevo informa (titulado ‘Nos tratan como animales’, basado en 33 entrevistas) en el que denuncian los ocho centros de este tipo que albergan en toda Camboya a unas 1.000 personas, un 10% de ellos niños de la calle.

Porque como denuncian los autores del informe, la rehabilitación de toxicómanos es en realidad sólo una excusa para encarcelar durante meses a «gente indeseable», como prostitutas, mendigos, niños o enfermos mentales. Según la ONG, las redadas de la policía para internar a estas personas en estas instalaciones durante unos meses se intensifican antes de la visita de mandatarios internacionales. Puesto que estas personas no están detenidas, añaden, no hay ningún juicio de por medio. La media de estancia ronda los 3-6 meses, aunque han documentado estancias de hasta año y medio.

Joe Amon, responsable de la división de salud de HRW, explica que ni siquiera hay cifras oficiales del número de toxicómanos en Camboya. «Aunque el gobierno habla de unos 5.000, todo el mundo está de acuerdo en que es una infraestimación masiva. Algunas estimaciones hablan de 10 veces más», señala a EL MUNDO.

Además de las torturas físicas denunciadas por varias personas ante la ONG, Human Rights Watch denuncia el uso de métodos que nada tienen que ver con la medicina para la rehabilitación de los usuarios de drogas, como el uso de ejercicio físico extenuante «para que el sudor les ayude a recuperarse de las drogas».

«Todos los tratamientos deben ser médica y científicamente apropiados», señalan en su informe desde esta organización de defensa de los derechos humanos. «El tratamiento forzado de la adicción a las drogas debe llevarse a cabo sólo en circunstancias excepcionales y acompañado de las medidas de protección necesarias para asegurarse de que su objetivo es devolver al individuo su autonomía para que tome sus propias decisiones sobre su tratamiento». Y por si quedase alguna duda añade: «No puede haber ninguna ilusión: estos centros no pretenden ayudar a las personas con adicción a las drogas». Y, como añade Amon: «No es posible decir cuántos detenidos en estos centros son realmente toxicómanos, porque el sistema no tiene realmente nada que ver con el tratamiento [de estas personas]».

Prueba de ello es la documentación de casos concretos en los que los detenidos han sido obligados a trabajar en la construcción de edificios, «incluso en la casa del propio director del centro».

Estos centros, cuyo cierre inmediato piden a las autoridades de Camboya, «violan todos los derechos de los detenidos, y sus programas masivos violan todas las leyes internacionales sobre los mejores estándares de salud». En 2012 se calcula que 2.200 personas pasaron por estas instalaciones. «Aunque hemos documentado instalaciones parecidas en Vietnam, Laos o China, lo que caracteriza a los centros camboyanos es su extrema brutalidad«, denuncia Amon; «cuando son liberados, muchos internos están profundamente traumatizados. No hay nada en los centros que sea ni remotamente terapéutico».

Tras la publicación del informe, prosigue su responsable, 12 agencias de Naciones Unidas han pedido la inmediata clausura de los centros y la liberación de estas personas. «Espero que con la condena internacional y el rechazo de algunos donantes internacionales a apoyar estas instalaciones, el gobierno de Camboya reconozca esta violación de los derechos humanos y sus inútiles esfuerzos para abordar la adicción a las drogas», concluye.