Representantes del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) denunciaron ayer la desidia gubernamental para atajar el problema de la drogodependencia en un ámbito que consideran prioritario para su prevención, el laboral, acusando en concreto a la Dirección General de Drogodependencias y a su director, Francisco Candil, de haberse instalado «en la chapucería más absoluta». El sindicato advirtió de que, de no solucionarse la situación, pedirán la dimisión de Candil e «incluso estamos dispuestos a recurrir a los tribunales».

Plan Canario contra las Drogas

Según José Manuel Corrales y Augusto Hidalgo, secretario autonómico e insular de Salud Laboral de CC. OO., desde la llegada de Francisco Candil a la Dirección General de Drogodependencias, se han cometido numerosas irregularidades e incumplimientos, entre los que destacaron la interrupción de las reuniones de la comisión permanente establecida por el Pacto Social sobre Drogas de 1998, la paralización del Plan Canario contra la Drogadicción y la carencia de un diálogo social que cuente con la participación de todos los sectores implicados.

Los representantes sindicales recriminaron al Ejecutivo canario que no disponga de estudios sobre drogadicción actualizados desde 1999, ya que «es el Gobierno el que debe demandarlos», señalaron.

Desde CC.OO. aseguraron que viven diariamente las incidencias de la adicción a las drogas en las empresas, «porque somos nosotros los que intentamos buscar salidas a los problemas que generan, a pesar de que el Gobierno no cuenta con nosotros».

Corrales e Hidalgo denunciaron que la paralización del Plan Canario para la prevención de la drogadicción puede impedir que se lleven a cabo labores de asistencia a los drogodependientes para intentar reinsertarlos en el mundo laboral, ya que en este plan se señalaba que «la empresa es un lugar idóneo para activar medidas de prevención frente a las drogas y su dependencia e implicar a las empresas».

Además, denunciaron una «pésima gestión» de la Dirección General de Drogodependencias, ya que «se están otorgando subvenciones que por problemas burocráticos no se están ejecutando», se dan «continuos recortes presupuestarios» así como «prácticas clientelares para favorecer a unos colectivos y perjudicar a otros».

Incidieron además especialmente en que «se están privatizando los servicios básicos de atención social, entre los que se encuentra la atención a los drogodependientes», si bien no aportaron datos al respecto.

Pese a las amenazas del sindicato de pedir la dimisión del responsable de la Dirección General de Drogodependencias, Corrales remarcó que el deseo del sindicato es que se vuelva a la «senda del diálogo» y que el departamento que ridige en estos momentos Candil intervenga en los centros de trabajo, «un ámbito que todas las organizaciones reconocen como prioritario y clave para la prevención de la drogadicción», apuntó.

Obstáculo para la prevención

Augusto Hidalgo, por su parte, recriminó al Gobierno de Canarias que se esté convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo de medidas de prevención en el trabajo, y que no cuente con la colaboración de Comisiones Obreras para abordar este grave problema, cuando precisamente el sindicato ha sido «pionero» en la prevención de esta lacra social.

Hidalgo recordó que la drogadicción tiene graves repercusiones en los centros de trabajo y que forma parte de las políticas que deben desarrollarse en el área de Salud Laboral.

Asimismo, mencionó la incidencia de las drogas en sectores como la hostelería o la construcción, y la necesidad de introducir cláusulas en los convenios colectivos que protejan al trabajador y ofrezcan otras alternativas al despido.