Así lo afirmó este jueves el jefe de la Unidad de Prevención del Tabaquismo del Servicio Canario de Salud, Antonio Torres, quien explicó que se dio un plazo de seis meses de adaptación e información, y las denuncia recibidas en el gobierno, una veintena, así como en los ayuntamientos han sido respondidas con las correcciones que se deben acometer en cada caso.

Pasados seis meses, se comprobará si se han cumplido las recomendaciones y, en caso contrario, se procederá a sancionar.

Se trata de denuncias en bares y restaurantes, ya que la adaptación de los centros de trabajo ha sido «excelente».

En locales públicos, la mayoría de los incumplimientos se refieren al hecho de que se fume en lugares no permitidos, mala ubicación de las máquinas y aspectos relacionados con las zonas para fumar, ya que están bien señalizados en general, pero presentan defectos de ubicación y tamaño.

Los bares y restaurantes que han decidido permitir fumar en sus instalaciones se sitúan en el 25%, agregó Torres, quien dijo que tras las primeras semanas de aplicación de la ley hubo cambios de decisión en ambos sentidos.

En cuanto a la posibilidad de prohibir fumar en las playas como en otros puntos de España, aseguró que no es la principal preocupación de la Consejería, pero sí que se respete el medioambiente y no se tiren las colillas en la arena o las aceras, algo que hacen hasta los que jamás tiran un papelillo.

El responsable de Prevención del Tabaquismo prevé que el reglamento autonómico que desarrollará la ley esté aprobado antes de final de año.

En él se establecerá la señalización oficial, se fijará qué administraciones serán las competentes para la inspección y sanción, y se regulará la publicidad en los puntos de venta, que en Canarias será distinta al resto del territorio nacional porque en las islas se puede vender tabaco casi en cualquier local.

Torres advirtió que el reglamento será sometido a la consulta de los sectores implicados, tales como empresarios, sindicatos y consumidores, que temen una nueva regulación a sus «espaldas».

Quiso llamar la atención sobre el hecho de que esta ley es sanitaria y pretende preservar la salud de las personas que no fuman, así como lograr que el consumo disminuya.

El coste del tabaquismo es alto en las islas, puesto que produce 2.500 muertes al año, pero resaltó las casi 200 que se producen por fumadores mal llamados pasivos, puesto que en realidad son involuntarios toda vez que no podían hacer nada porque no se fumara en el trabajo, por ejemplo.

«Sólo falta que no fumes y tengas cáncer de pulmón», exclamó Torres, quien dijo que estas muertes se evitarán con la nueva norma.