El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, César Pascual, destacó hoy que el tabaco es «el principal problema de salud pública» de España y abogó por seguir avanzando en su lucha con nuevas limitaciones, pero subrayó que la sociedad española «no está en condiciones» de asumir medidas «tan radicales» como las que se están poniendo en práctica en Estados Unidos.
«No tenemos la madurez suficiente para llegar a ese tipo de medidas», afirmó Pascual, quien se mostró contrario a «introducir una cultura de radicalidad» en España. No obstante, destacó que el Ministerio de Sanidad es partidario de ir incorporando «medidas que reduzcan la tolerancia social hacia el tabaco».
El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas señaló que España «sigue siendo un país con un porcentaje muy alto de fumadores y en el que hay escaso respeto hacia las normas de los lugares donde está prohibido fumar», dijo. Por eso, «hay que seguir avanzando y poniendo dificultades y límites», señaló.
En cuanto a las drogodependencias en términos generales, explicó que determinados «fenómenos emergentes» se han ido consolidando, como el consumo «recreativo» de drogas sintéticas. No obstante, la «gran preocupación» actual es el aumento del consumo de cannabis. Por su parte, la heroína sigue una tendencia descendente, pese al aumento de la producción mundial, y la cocaína «sigue siendo la droga ilegal que más problemas genera, no por número de consumidores sino por problemática asociada».
Pascual afirmó que se ha producido un «avance sustancial» en lo que se refiere al consumo de alcohol por menores, si bien puntualizó que desde el punto de vista preventivo «sigue siendo el gran reto, porque es la droga por la cual están empezando los adolescentes a tener problemas», explicó.
SEMINARIO
El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas inauguró esta mañana en el Palacio de la Magdalena de Santander un seminario sobre «El tratamiento de las drogodependencias y la Administración de Justicia», en el que jueces, fiscales y profesionales que intervienen en drogas analizarán durante dos días la repercusión de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el tratamiento de los menores drogodependientes, así como la situación de los menores drogodependientes con problemas de uso, abuso o dependencia.
Además, se tratará de unificar criterios para la intervención con drogodependientes con problemas legales y penales, y se establecerán protocolos de relación entre los órganos jurisdiccionales y los profesionales del tratamiento de drogodependencias.
Pascual destacó la «madurez» de la sociedad española hacia el fenómeno de las drogodependencias, un fenómeno que tiene un marco legal «consolidado», pero destacó la necesidad de analizar temas «emergentes» como el de los menores. En este sentido, explicó que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor introdujo medidas nuevas que generan «un debate y un conflicto técnico» sobre la voluntariedad de del tratamiento y la posibilidad del tratamiento cohercitivo.
Según explicó, esto genera «dificultades en el día a día» tanto a los profesionales que intervienen en la atención de drogodependencias como a la Fiscalía y a la Justicia en general.
