Casi siete de cada diez mujeres privadas de libertad en Argentina se encuentra sin condena firme, un porcentaje superior al de los hombres en la misma situación, advirtió un informe de la Procuración Penitenciaria de La Nación (PPN) enviado al grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El «aumento alarmante» del número de mujeres en prisión preventiva «denota el uso abusivo de este instituto por parte de la justicia», afirmó la PPN en el documento.

«Este tipo de discriminación que sufren las mujeres frente al sistema de justicia se refuerza si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto», agregó el organismo.

Al respecto, más de 60% de las mujeres se encuentran detenidas por delitos recogidos en la Ley de Estupefacientes.

La gran mayoría recibió por condena el monto mínimo de la pena prevista en dicha legislación.

En paralelo, la institución detectó un aumento de mujeres trans y cis (aquéllas cuya identidad de género coincide con el sexo de su etapa de gestación) detenidas por comercialización e incluso por simple tenencia de estupefacientes.

«Los relatos y experiencias de estos colectivos reflejan modos de llevar adelante estrategias de supervivencia en sociedades atravesadas por la desigualdad y discriminación de género», señaló la PPN.

Pese a todo, el sistema incurre en una «criminalización de estos colectivos» al perseguirlos por delitos no violentos.

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