El senador Juan Carlos Vélez radicó el proyecto que reglamenta la prohibición de porte y consumo de estupefacientes. Obliga al Estado a asumir todos los gastos de rehabilitación de adictos.
La última reforma constitucional, promovida por el gobierno de Álvaro Uribe, fue la que en el año 2009 prohibió la dosis mínima.
Fue un acto legislativo que tumbó la sentencia de la Corte Constitucional que, en 1994, dejaba sin ningún tipo de sanciones el consumo de dosis mínima de droga.
Como esa reforma aún no ha sido reglamentada por el Congreso, el senador Juan Carlos Vélez Uribe (la U) radicó un proyecto que pretende desarrollar el mandato constitucional que prohíbe en el país el porte y el consumo de droga.
El proyecto tiene el propósito de que el Estado se comprometa frontal y directamente a combatir el consumo de droga.
Para ello, el proyecto pretende destinar recursos del presupuesto para adelantar campañas de prevención, pero sobre todo para hacerse cargo de los procedimientos terapéuticos y de rehabilitación a los adictos a la droga.
Lo controvertido del proyecto es que le da facultades a la fuerza pública para remitir a los adictos de forma inmediata a centros de rehabilitación.
El autor del proyecto explica que si una persona es sorprendida con estupefacientes, será remitida a una estación de policía. Allí, se le decomisará la droga y sería sometida a una evaluación médica. Si esta determina un caso de adicción, y no de consumo ocasional, la persona podrá ser internada de forma inmediata en un centro de rehabilitación.
Juan Carlos Vélez explicó que el proyecto también se pretende ampliar para el porte de anfetaminas y drogas sintéticas como el éxtasis, pues la actual reglamentación sobre la dosis mínima sólo aplica para tres tipos de drogas: dos gramos de cocaína, 30 gramos de marihuana y 30 gramos de bazuco.
“En Colombia el consumo de droga tiene menos prohibiciones que el consumo de cigarrillo o de alcohol. Hoy ni siquiera la Policía tiene la facultad para decomisar la droga a una persona que sea requerida por consumir en un parque, frente a un colegio”, dijo Vélez.
Según el senador, desde cuando la Corte Constitucional legalizó la dosis mínima, el consumo se disparó en el país.
La última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2008, mostró que en Colombia 14 de cada 100 hombres y 5 de cada 100 mujeres han consumido alguna vez en su vida alguna sustancia sicoactiva ilícita.
Se calcula en 541.000 el número de personas que han consumido durante el último año este tipo de sustancias, lo que equivale al 2,74% de la población de entre 12 y 65 años de edad.
También se calcula en cerca de 300.000 el número de personas que estarían en necesidad de recibir tratamiento especializado en Colombia, por cumplir con el criterio de dependencia, de uso problemático o abuso.
El proyecto coincide con algunas de las disposiciones que el Gobierno también pretende llevar al Congreso a través del proyecto que busca ajustar el estatuto de estupefacientes.
