El juez federal de Jujuy Carlos Olivera Pastor aún no puede desterrar de su mente el recuerdo de aquella mañana: mientras trabajaba en el Juzgado N° 2, a su cargo, encontró una cabeza de un humano decapitado dentro de una caja que había sido dejada al pie de su auto, estacionado en la puerta del edificio. «En la tapa de la caja había un numero con cinco dígitos, como si fuese un expediente judicial, y en su interior, la cabeza de una persona; no la parte ósea, como dijeron algunos medios, sino una cabeza entera, con pelo, piel, dientes y ojos. Estaba seca, como si fuese de hace un tiempo», cuenta el magistrado, que relaciona esta aparente amenaza con las causas vinculadas al tráfico y consumo de drogas. Era septiembre de 2011, solo en el primer semestre de ese año, llevó más de 400 casos vinculados a drogas.

Olivera Pastor no es el único funcionario judicial amenazado de la región. El secretario penal de su juzgado recibió una golpiza, y dos jueces federales y un fiscal de Salta habrían sufrido intimidaciones. Ninguno de ellos descarta la hipótesis de que estos hechos estén vinculados con causas de narcotráfico que llevan en sus juzgados; y algunos coincidieron en alertar sobre el afianzamiento de organizaciones internacionales de narcos en la región.

«¿Vamos a esperar a que en Jujuy encontremos un auto con cinco personas muertas adentro, como pasa en Ciudad Juárez, o que se encuentren cadáveres colgados o que maten a un juez para empezar a combatir este flagelo?», dijo a LA NACIÓN el juez Olivera Pastor.

El caso del secretario penal del mismo juzgado, Federico Zurueta, fue el que destapó el escándalo de las amenazas. El 19 de octubre de 2011, cuando salía de su departamento en el centro de San Salvador de Jujuy, dos desconocidos lo sorprendieron en la puerta y lo golpearon brutalmente. Zurueta estaba a dos días de asumir como Juez de Control provincial jujeño. Lo dejaron tirado en el piso y con un mensaje claro: «No asumas como juez». El funcionario, de 35 años, quedó internado bajo observación durante varios días. Hoy, tres meses después, todavía no asumió el cargo y continúa con custodia policial.

«Desde lo que me pasó estoy custodiado las 24 horas. No puedo ni salir de mi casa si no tengo a un policía que me acompañe. No puedo vivir tranquilo», contó el secretario del juzgado.

Mensajes extorsivos

Cuando el hecho de Zurueta cobró relevancia pública, salieron a la luz los casos de otros magistrados que también habían recibido supuestas amenazas graves, entre ellos, el juez federal Olivera Pastor. «Para mí es un claro mensaje extorsivo y mafioso -afirmó-, es sabido que hay organizaciones transnacionales de narcotráfico instaladas en el Norte.»

Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Salta, sufrió aparentes amenazas telefónicas en el mismo momento en que, por orden suya, se demolía en el bajo salteño -un barrio de la ciudad- una casa que un grupo de narcotraficantes utilizaba «de aguantadero para acopiar y distribuir droga». Además, este juez fue responsable del procesamiento de Jorge Dubiel, un ex comandante de la Gendarmería Nacional acusado de estar involucrado en una causa de tráfico de cocaína en Salta.

El fiscal federal José Villalba también atravesó un episodio violento: un hombre bajó de un colectivo con un machete en la mano e intentó entrar a su oficina. El policía que estaba en la puerta lo impidió.

La zona más preocupante, según muestran datos oficiales, es el departamento de Orán, de 130 mil habitantes, ubicado en el norte de Salta. Según la Agencia Antidrogas provincial, el 50% de las incautaciones de droga se realizan allí, donde fuentes periodísticas confían que las «historias sobre narcos son parte del pan cotidiano en las calles».

(Ver Orán, Provincia de Salta en un mapa ampliado)

Periodistas de Orán aseguraron que la zona «está tomada por el narcotráfico» y que la gente «convive diariamente con él», aunque en los medios de comunicación locales no se habla mucho de esta cuestión.

Tres meses atrás, unas 4000 personas salieron a las calles a realizar una manifestación pública en repudio al narcotráfico. Alicia, que estuvo presente en la marcha, aseguró a medios locales con mucha preocupación: «Ojala éste sea el primer paso para terminar con aquellos que están matando a nuestros jóvenes. Estoy muy preocupada de que mis chicos se críen aquí». Claudio Ruiz, uno de los organizadores de la protesta, acusó a las autoridades: «La Justicia en Orán no funciona: cada vez hay más droga y el juez dice que es sólo un problema moral. Lo que en realidad pasa es que Orán está liberado, por eso circula semejante cantidad de droga en nuestras calles».

Allí en Orán, el juez federal Raúl Reynoso aseguró que zafó de un atentado porque el chofer de su auto oficial se dio cuenta a tiempo de que le habían colocado cuatro kilos de azúcar en el tanque de nafta. «Querían que el auto se detuviera para matarme», afirmó a medios locales. Reynoso llevó en el primer semestre de este año casi 1250 expedientes referidos a narcotráfico, entre ellos la incautación de 380 kilos de cocaína encontrados en una camioneta y la detención de más de una docena de gendarmes implicados en tráfico y contrabando, según datos de la Cámara de Apelaciones de Salta.

Las amenazas provocaron pronunciamientos del Consejo de la Magistratura y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que manifestaron su «repudio y solidarizacion». La ministra de seguridad, Nilda Garré, ordenó «reforzar la seguridad de los funcionarios y sus familias», y dijo que «las agresiones que sufrieron estos cinco funcionarios representa una agresión a toda la Justicia Nacional en su conjunto».

Un problema creciente

Renato Rabbi Baldi, presidente de la Cámara de Apelaciones de Salta, máxima autoridad de la justicia federal en la zona, pidió esperar «a que la justicia avance». Los casos -afirmó el magistrado-, «están bajo investigación, y parecería que en algunas de las acciones estaría involucrado el narcotráfico».

«En el norte hay un aumento creciente de las causas vinculadas al narcotráfico. A raíz de ello, el tribunal requirió la creación de un juzgado en la ciudad de Tartagal, trámite iniciado por los legisladores salteños y que fue transformado en Ley a fin del año pasado, manifestó Rabbi Baldi.

Sobre esto, una alta fuente del poder ejecutivo dijo que desde la creación de un juzgado hasta que abre sus puertas fehacientemente «puede pasar mucho tiempo, ya que depende puramente de la voluntad política». Esta presunción es confirmada por los aproximadamente 10 años que tardó en abrir, desde su aprobación, el Juzgado Federal de la ciudad de Orán.

Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), aseguró que «Los que manejan el narcotráfico en la zona de Orán son integrantes de Sendero Luminoso. No descarto que haya otras organizaciones internacionales instaladas también en otras zonas. Se sabe que en la Argentina ya está instalado el cartel de Sinaloa y el de Juarez y que la droga que exportan entra también por el noroeste argentino».

La Agencia Antidrogas salteña, a través de su director ejecutivo Eduardo Sylvester, presentó un diagnóstico sobre el narcotráfico en la provincia de Salta, en el que se reconoce que «existen organizaciones que se dedican al tráfico de droga con destino a Europa o África» y aseguró que son grupos con «estructuras funcionales y gran capacidad logística y financiera; son procedentes de otros países y cuentan con colaboradores locales».

Las drogas ingresan en «capsuleros» o camellos

Con respecto a los mecanismos de operación, el diagnostico salteño asegura que el paso de estupefacientes se realiza mayormente a través de «camellos» o «capsuleros» en las fronteras, como les llamas a las personas que introducen las capsulas de estupefacientes dentro de sus cuerpos, comiéndolas o ubicándolas en el recto o la vagina. Cuando se trata de mayores volúmenes, lo hacen «en vehículos particulares y camiones adaptados».

Alejandra Cataldi, Secretaria Penal del Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy, coincidió con el diagnóstico: «La droga viene mayormente de Perú, Ecuador y Colombia. La mayor cantidad se la detecta en los «camellos», en segundo término ingresan con camuflajes en autos, en tubos de gas, en libros, en marcos de cuadros, en desodorantes, en zapatillas, en el recto de las personas o en la vagina de las mujeres.»

Cataldi contó que «el ingreso más común es a traves de camellos». Para hacerlos actuar, «los entrenan haciéndoles comer zanahorias o velas de tamaños muy grandes para que el cuerpo se acostumbre». La policía los agarra por lo general porque se muestran nerviosos cuando comienzan a perder tiempo en los controles. «Si se demoran mucho en llegar a su destino, -dice Cataldi- las capsulas se rompen y mueren. Viajan con mucha presión».

En los últimos dos meses, sólo en la frontera de Jujuy se decomisaron 100 kilos de cocaína. Gendarmería Nacional asegura que, por estadística, sólo se detecta el 10% de lo que ingresa.

Es así que la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) publicó en su último informe que el volumen traficado «llegó a las 70 toneladas de Cocaína en 2010» en la Argentina.

En el informe de Estrategias Internacionales de Control de Narcóticos (INCS) 2010 de la DEA, se advierte que «los fracasos del gobierno argentino en la lucha contra el narcotráfico se deben también a la falta de coordinación entre el gobierno nacional y los provinciales a la hora de implementar medidas de prevención y de desplegar acciones conjuntas.»

Diversos expertos consultados coincidieron en señalar que el avance del narcotráfico responde básicamente a tres causas: la falta de controles en los accesos terrestre y especialmente aéreo al territorio nacional, deficiente articulación entre los esfuerzos nacionales y provinciales, y el silenciamiento de la sociedad civil a medida que el narcotráfico avanza.