El pleno del Consell aprobó la modificación de la ley de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, que incluye novedades como el aumento desde los 16 hasta los 18 años de la edad mínima para la venta o dispensación de bebidas alcohólicas y tabaco.

La consellera portavoz del Gobierno valenciano, Alicia de Miguel, señaló en la rueda de prensa posterior al pleno que la ley vigente, de 1997, ha constituido «un referente nacional», si bien era necesario adaptarla a las nuevas necesidades de la sociedad.

Explicó que el nuevo texto incluye asimismo la sustitución de las sanciones por medidas reeducativas en el caso de infracciones cometidas por menores de edad, como la realización de servicios de interés comunitario o de cursos de comportamiento y concienciación.

El texto, que reitera la prohibición expresa sobre venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, recoge actuaciones dirigidas a quienes sufren las consecuencias de estas patologías a través de servicios específicos a cónyuges, parejas de hecho e hijos de drogodependientes.

Una de las características más relevantes de la modificación legislativa, según explicó de Miguel, es la que señala la firme posición del Consell en la defensa de cualquier fármaco útil para paliar los efectos de estas enfermedades.

Para ello, será imprescindible que exista cierta evidencia científica de su utilidad terapéutica, constatada por los organismos internacionales competentes, y ensayos clínicos favorables realizados en muestras españolas.

Otras de las novedades de la nueva legislación es la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a domicilio y en las llamadas tiendas 24 horas, una medida que sólo recoge la Comunidad Valenciana.

Asimismo, se contempla la posibilidad de prorrogar las ayudas económicas concedidas por la Generalitat para incrementar la motivación de los enfermos y evitar su acceso a vías irregulares de obtención de ingresos económicos.

Otra medida del nuevo texto es la limitación de la publicidad de bebidas alcohólicas, de manera que se distancia de los centros educativos, sociales y sanitarios a 200 metros -algo que otras Comunidades autónomas limitan a los centros educativos-, como medida defensiva frente a la creciente presión de ésta sobre los ciudadanos.

La atención precoz a los hijos de drogadictos y la prohibición de vender bebidas de más de 18 grados en las Universidades, en los centros de enseñanza, en las áreas de servicio y las gasolineras, son otros de los aspectos del texto.

Por otra parte, los plenos del Consell contarán a partir de este martes con la presencia en la rueda de prensa de una intérprete del lenguaje de los signos de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord), con la finalidad de que las personas sordas puedan acceder a la información de los acuerdos del Gobierno valenciano.

La consellera portavoz indicó que, de esta manera, el Gobierno se implica en ayudar a solucionar los problemas de comunicación y de integración que sufre este colectivo y le ayuda a superarlo.