Nota introductoria:

De la alta preocupación existente en América Latina con respecto a la política de drogas, tema que seguramente discutirá la Cumbre de las América en su reunión del 14-15 de abril en Cartagena (Colombia) es evidencia el siguiente trabajo que para el diario venezolano El Nacional preparó el periodista Edgar López, publicado en su edición de este martes 20 de marzo. Tras recoger la opinión de dos exjueces venezolanos, presenta al final un cuadro resumen de conceptos básicos relativos a la actual política de drogas, sencillo pero muy útil para una mejor captación del problema. Tener claros los aspectos esenciales de la política de drogas nacional e internacionalmente diseñada y conocer las divergencias con respecto a su vigencia o la necesidad de modificarla es imprescindible para laborar con mayor eficacia en cualquiera de las áreas de la acción contra las adicciones, en especial las drogadicciones. Es con esa intención de multiplicar el alcance del reportaje de El Nacional que TALENTO lo ha copiado para lasdrogas.info. Ojala y les sea útil a todos quienes actúan en la acción ante las adicciones. Silvio Orta Cabrera.

La inacabada discusión sobre la despenalización será replanteada en la Cumbre de las Américas que se celebrará el 14 y 15 de abril en Cartagena. La ex presidenta de la Conacuid Mildred Camero advierte que además de los acuerdos internacionales es imprescindible reforzar la institucionalidad en Venezuela. El ex magistrado Jorge Rosell insiste en un nuevo enfoque mediante el cual el Estado se convierta en gerente de la producción y distribución de estupefacientes y psicotrópicos.

Mildred Camero

«Los costos sociales serían nefastos»

Cuando un presunto consumidor de drogas es detenido puede permanecer indefinidamente en una cárcel mientras se obtienen los resultados de los exámenes forenses que certifiquen que no se trata de un delincuente sino de un enfermo. Al no existir suficientes centros de tratamiento y rehabilitación como lo indica la ley, la reclusión carcelaria agrava el problema para el consumidor y para toda la sociedad.

Así describe lo más visible del problema en Venezuela Mildred Camero, ex presidenta la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos.

«Los costos sociales de la legalización de las drogas y de su uso indiscriminado serían nefastos. El Estado está obligado a atender los problemas sociales y no es suficiente que permita la producción y comercialización de las mismas con el objetivo de quitarle el poder a las mafias que dirigen el negocio ilícito», razona la especialista.

Camero precisa que el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos es un complejo problema internacional que no admite soluciones fáciles, como se ha dicho desde Naciones Unidas. Desde su punto de vista, además de los consensos básicos entre todos los países del mundo, es imprescindible atender las particularidades regionales y nacionales.

Al referirse a Venezuela, la ex jueza penal enumera las principales deficiencias institucionales: las políticas públicas en materia de drogas son improvisadas o están sujetas a intereses político partidistas, la corrupción en la administración pública y en los cuerpos de seguridad del Estado obstaculizan cualquier iniciativa para enfrentar el problema, y la debilidad del sistema de administración de justicia conduce a la impunidad.

Recuerda que en el ordenamiento jurídico vigente sólo existe despenalización del consumo: «Ha sido un ensayo de la estrategia denominada reducción del daño, pero que en nuestro país no ha permitido avances significativos, precisamente por la ausencia de políticas integrales con énfasis en la prevención».

A modo de conclusión, Mildred Camero afirma: «Mientras en Venezuela persistan la debilidad de las instituciones y el desacato de los compromisos internacionales en materia de drogas no se podrán replicar las experiencias relativamente exitosas de otros países».

Jorge Rosell:

«Quitarle la clientela a los narcos»

Hace 20 años, cuando era juez de primera instancia, Jorge Rosell comenzó a promover la despenalización de las drogas. Se atrevió a justificar la llamada dosis de aprovisionamiento (mayor que los 20 gramos de marihuana o 2 gramos de cocaína permitidos por la ley vigente) y por ello fue acusado por sus superiores de narcocomplaciente. Mientras formó parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia no obtuvo respaldo de las máximas autoridades del Poder Judicial. Ahora, desde la academia, insiste en que el Estado modifique el enfoque del problema.

«La política represiva penal ha fracasado en todo el mundo: cada día hay mayor producción y consumo de drogas. Con la despenalización se reduciría la guerra de los narcos, así como la violencia judicialpenitenciaria que se ejerce sobre la población, fundamentalmente contra los buhoneros de la droga, que constituyen la mayoría de los presos en América Latina. Deben intentarse nuevas vías de combate al narcotráfico y una de ellas es quitarle la clientela a los narcos a través de la intervención del Estado. No es asociarse con el narcotráfico, sino que el Estado, como hace con el licor y el tabaco, tomé la vigilancia y control de su producción y distribución», argumenta el ex magistrado.

«Parece una afirmación cínica, pero no. Cínica es la actitud de aquellos que, a pesar del evidente fracaso del tratamiento penal represivo, insisten en ello. Eso si es complicidad con el narcotráfico, mientras que nuestro planteamiento va dirigido a acabar con los negocios de los cárteles y las mafias del narcotráfico, al darle transparencia mediante la intervención estatal», se defiende el penalista, consciente del escozor que pueden causar sus planteamientos.

Rosell insiste en que su posición no implica laxitud sino, por el contrario, mayor rigurosidad: «Hay que sancionar severamente a los que violen las normas de producción y distribución implementadas por el Estado como, por ejemplo, producir o distribuir droga sin el correspondiente permiso, distribuirla entre menores de edad o consumirla en sitios prohibidos. Debe haber una seria campaña de prevención. Y es imprescindible una eficaz política de rehabilitación, a través de centros de tratamiento públicos para los consumidores que voluntariamente quieran someterse al tratamiento respectivo».

De Holanda a Venezuela

Reducción del daño: Consiste en una prohibición flexible que ha sido ensayada en Holanda, Suiza y algunas ciudades de Europa. Parte de la tutela de los derechos en lugar de la represión. A las personas se les garantiza la posibilidad de elegir y, cuando tienen problemas, de protegerlos.

Guerra contra las drogas: La prohibición estricta es la estrategia en Estados Unidos. Los esfuerzos se concentran en atacar la oferta (procedente de otros países) más que la demanda (dentro del territorio estadounidense). Este país tiene el mayor consumo del mundo.

Modelo intermedio: En España, Italia, Portugal y Luxemburgo está despenalizada la posesión para consumo personal. Se aplican sanciones administrativas contra los llamados actos preparatorios, entre ellos el transporte. En países como Ecuador lo aplican.

Debilidad institucional: En Venezuela prevalece la visión estadounidense del problema de las drogas. El Estado se concentra en sancionar, generalmente a consumidores o microtraficantes, y poco ha avanzado en la prevención. La debilidad institucional es el principal obstáculo.