Una juez federal ha dictaminado que los fabricantes de cigarrillos fueron responsables por décadas de una conspiración para ocultar los daños causados por el tabaco. No obstante, no ha impuesto un castigo financiero a la industria como pedía el Gobierno de Estados Unidos.
La juez de distrito estadounidense Gladys Kessler dijo que un dictamen anterior de una corte de apelaciones le impedía castigar a las empresas con multas monetarias, como la de financiar una gran campaña antitabaco, medida que había sugerido el Estado.
«Fumar cigarrillos causa enfermedades, sufrimiento y la muerte. Pese a que internamente reconocían este hecho, los acusados han negado, distorsionado y minimizado públicamente por décadas el peligro de fumar», expresó en su fallo de 1.653 páginas.
La juez ha ordenado a las empresas que corrijan y emitan comunicados sobre los efectos sobre la salud y la adicción que provoca el tabaco. Para ello, deberán usar términos que describan a los cigarrillos de manera que demuestren una preocupación por la salud.
Los objetivos de la demanda de 1999 eran Altria Group Inc. y su unidad Philip Morris USA, Lorillard Tobacco de Loews Corp., Carolina Group , Liggett Group de Vector Group Ltd., R.J. Reynolds Tobacco de Reynolds American Inc. y British American Tobacco Plc, una filial de British American Tobacco Investments Ltd.
Varias acciones de empresas fabricantes de tabaco subieron en las operaciones posteriores al cierre del mercado, después de que se conociera el fallo. «Aunque perdieron, ganaron. Esta es una victoria para las tabaqueras», dijo Tim Ghriskey, director general de inversiones de Solaris Asset Management.
Fallo de una corte de apelaciones
El fallo era visto como el último gran obstáculo que Altria debía pasar antes de decidir cuando escindirá su negocio Kraft Foods Inc. Durante los ocho meses del juicio que terminó en junio de 2005, el Gobierno llamó a médicos, economistas e informantes de la industria, quienes describieron una campaña de décadas de las tabacaleras para negar u ocultar los peligros de fumar.
Las tabaqueras ofrecieron el testimonio de sus propios médicos, economistas y ejecutivos. Estos negaron una conspiración para promover el hábito de fumar y dijeron que el Ejecutivo no tenía razones para perseguirlos, después de que cambiaron sus prácticas comerciales por un acuerdo con algunos estados en 1998.
Kessler también ha ordenado a cada empresa publicar en su sitio de Internet todos los documentos presentados a los fiscales en el caso y las transcripciones de las cartas y declaraciones de ex empleados sobre el impacto de los cigarrillos en la salud. El material debe mantenerse en los mencionados sitios web hasta el 2016.
En febrero de 2005, la Corte de Apelaciones del Distrito del Circuito de Columbia prohibió al Gobierno pedir 280.000 millones de dólares de ganancias pasadas de la industria, privándolo de su mayor arma en este caso. La Corte de Apelaciones explicó que las compensaciones civiles por organización criminal deben enfocarse en la prevención de futuras malas prácticas, y no castigando las infracciones pasadas.
Los abogados del Departamento de Justicia pidieron al juez que requiriera a las tabaqueras financiar un programa antitabaco de 10 años por 14.000 millones de dólares, si el Gobierno ganaba. Sin embargo, los abogados de estas compañías argumentaron que la propuesta de requerir a sus clientes que financiaran un programa para dejar de fumar estaba mas allá de los límites del dictamen de la Corte de Apelaciones.
