Doscientos ochenta mil millones de dólares (unos 228.000 millones de euros) es la cantidad que pide EEUU a la compañía «British American Tobacco» (BAT) en la que está considerada la mayor denuncia interpuesta a una tabaquera. BAT está acusada de esconder información sobre los riesgos del tabaco, como podría quedar demostrado en un documento interno que la empresa se niega a hacer público.
En 1990 Andrew Foyle, un abogado que por aquella época asesoraba a esta tabaquera, escribió un documento a petición de sus clientes. Conocido como memorándum Foyle, en él podrían estar recogidos algunos datos sobre una posible política de destrucción de información promovida, en este caso, por BAT. Ésta es la baza principal de los abogados de EEUU, que pretenden que se den a conocer los escritos de Foyle.
Según publica «The Wall Street Journal», BAT ha intentado no hacer público este documento argumentando que «las comunicaciones de Foyle están sujetas a un privilegio entre abogado y cliente». Los acusados mantienen, por tanto, que se trata de una información de caracter privado.
Negativa de la tabaquera
En relación con la negativa de la tabaquera, los abogados de la acusación recalcan, en declaraciones recogidas por el diario norteamericano, que «el memorándum supuestamente aconseja a la compañía para que cometa un frause -ocultando documentos que demuestran los efectos perjudicales del tabaco- y esta práctiva supone una excepción al privilegio».
Durante la apelación, que tuvo lugar el pasado 27 de agosto, los abogados de EEUU declararon que el memorándum Foyle podría apoyar las alegaciones de que BAT, junto con otras empresas tabaqueras, «dio pasos para destruir, suprimir o proteger […] sus informaciones internas relacionadas con el hábito de fumar y la salud», explica «The Wall Street Journal».
El documento, que ya ha logrado escapar de las manos de la justicia en varias ocasiones, jugó un papel muy importante en el caso del primer fumador que ganó un juicio por daños contra una compañía tabaquera, en Australia. Rolah McCabe, una mujer de 51 años con cáncer de pulmón, fue indemnizada con 375.000 dólares (casi 360.000 euros) por perjuicios.
En aquella ocasión, el jurado australiano que participó en la sentencia «sólo consideró la cantidad de daños y no las cuestiones de responsabilidad ya que en el juicio se vio que las actividades de destrucción de documentos, por parte de BAT, imposibilitaron un juicio justo», concluye el artículo del diario de EEUU.
