En pleno debate sobre los nuevos desafíos a la seguridad, avivado tras los ataques terroristas contra EE UU del pasado 11 de septiembre, y sobre el papel que deben desempeñar los ejércitos frente a esos retos, el Gobierno materializó ayer un proyecto que hasta hace sólo unos años hubiera sido impensable: la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones contra el narcotráfico.
Los ministros de Interior y de Defensa, Mariano Rajoy y Federico Trillo, firmaron ayer en Madrid un convenio de colaboración por el que el Ejército reforzará a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la búsqueda, localización, seguimiento e interceptación de redes de narcotraficantes y alijos de droga.

De esta forma, las Fuerzas Armadas contribuirán a blindar las fronteras españolas contra los grandes cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica y las toneladas de cannabis que llegan del norte de Africa, dos sustancias que los capos de la droga introducen masivamente en España para su posterior distribución en el resto de Europa.

Trillo explicó que el convenio suscrito ayer regula el llamado «principio de requerimiento», una fórmula que permitirá a Interior, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, coordinar las operaciones contra el narcotráfico en las que participe el Ejército.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas dispone ya de un gabinete de coordinación, que se activa siempre que en una operación antidroga intervienen dos o más de los cuerpos que, hasta ahora, tenían la competencia exclusiva en la represión del narcotráfico: la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda.

Ese gabinete, dirigido por el general de la Guardia Civil Benigno Zamorano, será ahora el encargado de coordinar con el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico: cada vez que éste sea requerido para aportar barcos y aviones, para suministrar información o para ceder sus instalaciones, se constituirá una célula de coordinación integrada por representantes de los tres ejércitos y del resto de cuerpos de la Seguridad del Estado que intervengan en la operación.

Fuentes de Interior explicaron ayer que el objetivo del convenio es que las Fuerzas Armadas «lleguen allí donde no puede llegar la policía o la Guardia Civil, sobre todo en cuanto al empleo de telecomunicaciones y satélites militares, cuya tecnología no está al alcance de las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Según estas fuentes, el satélite espía Helios II, un proyecto en el que España acaba de comprometer su participación, junto a Francia y Bélgica, o el Centro de Inteligencia Aérea del Ejército del Aire, una unidad creada en 1995, serán dos de los pilares de la aportación del Ministerio de Defensa a la lucha contra el narcotráfico. El Centro de Inteligencia Aérea, por ejemplo, dispone de un Boeing 707 dotado de sofisticados sensores capaces de interceptar cualquier comunicación en un radio de 200 millas.

Aviones y patrulleras

Pero la colaboración de las Fuerzas Armadas no se limitará al campo de la Inteligencia. La Armada pondrá a disposición de Interior las 24 patrulleras de vigilancia costera y otras siete de altura que constituyen la llamada Fuerza de Vigilancia Marítima, a la que se incorporó el año pasado la corbeta Descubierta para misiones de vigilancia en la Zona Económica Exclusiva de Canarias.

El convenio firmado ayer permitirá también el traslado de geos (agentes policiales del Grupo Especial de Operaciones) en buques de la Armada o aviones de la Fuerza Aérea para el abordaje de las embarcaciones de las redes de narcotraficantes, así como la incineración en instalaciones militares de la droga incautada.

Además, el Ejército del Aire aportará su flotilla de siete aviones P-3 Orión de patrulla marítima, que tienen su base en Morón de la Frontera (Sevilla). Estas aeronaves pueden realizar misiones de identificación, localización y seguimiento de buques.