La Euskadi sin humos que ha prometido el Gobierno de Patxi López está más cerca. Para lograrlo, la Administración vasca asumirá la competencia de sancionar los incumplimientos de la futura legislación antitabaco. Con esta decisión se pone fin al vacío legal que dificultaba la imposición de multas y se atiende una petición unánime de los municipios afectados.

En enero de 2006, entró en vigor la normativa estatal que introdujo la prohibición de fumar, entre otros lugares, en los centros de trabajo y los comercios. Esta ley atribuye a las comunidades autónomas la facultad sancionadora, pero el Ejecutivo autónomo endosó esta competencia a los ayuntamientos, que se han negado a aceptarla, al no ir acompañada de medios. El resultado de esta discrepancia ha sido la escasa tramitación de multas.

La futura normativa, que modificará la Ley de Drogodependencias vasca de 1998, establecerá que tanto la tramitación como la imposición de la sanción de las faltas leves, graves y muy graves corresponderá al Gobierno vasco. El Ejecutivo López «muestra así su firme voluntad política de solventar las dificultades técnicas que se han producido hasta el momento con las anteriores normas y que han complicado su cumplimiento», manifestó ayer a EL CORREO el viceconsejero de Políticas Sociales, Fernando Fantova.

En cuanto a la inspección, la función de control recaerá en la Ertzaintza y en las Policías locales, tal y como indica el borrador de ley en su artículo 54, que no ha recibido alegaciones en contra.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, a cuyo frente está Gemma Zabaleta, remitirá ahora el texto al Consejo Asesor de Drogodependencias de Euskadi, así como a diferentes instancias del propio Gobierno, para que emitan sus opiniones al respecto. El objetivo es que el Gabinete López apruebe el proyecto de ley en los próximos meses, «para remitirlo al Parlamento vasco antes de que concluya el periodo de sesiones a final de junio».

El posterior debate y aprobación de la nueva normativa no tendrá lugar, por tanto, hasta el otoño. Todo hace pensar que la entrada en vigor de la nueva legislación autonómica coincidirá con la estatal, que va en la misma línea, ya que no tendría sentido que Euskadi se anticipe a prohibiciones inexistentes en territorios limítrofes, como Cantabria o La Rioja, con el agravio comparativo que esto supondría para los hosteleros vascos, muy reacios a la imposición de estas restricciones.

El anteproyecto establece el veto al tabaco en lugares públicos cerrados, lo que afecta a bares y restaurantes. Aunque en un principio se aseguró que este criterio general incluiría a las sociedades gastronómicas con empleados, al final no será así debido a que ha prevalecido el criterio de que los txokos son entidades privadas «y, por tanto, les corresponde a ellos autorregularse», comentó Fernando Fantova.

En los grandes recintos deportivos sin techo, como los campos de fútbol o plazas de toros, se podrá fumar. Ahora bien, ¿qué pasará en los modernos cosos de San Sebastián y Vitoria, que tienen la posibilidad de cerrarse con una cubierta si las inclemencias meteorológicas así lo aconsejan? De momento, el anteproyecto no recoge nada al respecto. «Es un fleco que habrá que abordar en la tramitación posterior». Respecto a los veladores, se podrá fumar siempre que no sean recintos cerrados, es decir, que tengan «algún lateral o el techo abierto».

Multa a fumadores y dueños

¿A quién se multará? «A la persona que fume donde no se puede y al responsable del local», aclara el viceconsejero de Asuntos Sociales, quien razona esta medida. «Del mismo modo que se sanciona al local que vende alcohol a menores, se multará a quien permita fumar».

Fernando Fantova está convencido de que la entrada en vigor de la normativa no acarreará problema alguno, siguiendo el ejemplo de otros países europeos. «Cuando se prohibió el tabaco en el ámbito laboral se aceptó con mucha naturalidad. Hoy todo el mundo ve normal que no se pueda fumar en el trabajo», resaltó.

Respecto a la cuantía de las multas, el anteproyecto contempla una graduación en función de variables como el riesgo para la salud, el beneficio obtenido o la capacidad económica del infractor. En cualquier caso, quien cometa una falta leve se expone a multas de hasta 3.000 euros. La cuantía máxima prevista es de 600.000 euros. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales defiende esta severidad porque se trata de «proteger a los no fumadores, defender la salud de la población por encima de cualquier consideración, aumentar la prevención y cuidar la salud de los trabajadores del sector de la hostelería».