El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, afirmó que la Ley nacional para la prevención del consumo de alcohol seguramente estará vigente a finales de este año.

En declaraciones a «Onda Cero», Robles se refirió a la «Ley Anti-botellón», que entró ayer lunes en vigor en Madrid. A su juicio «no es una ley seca» y valoró que «en todo el Estado se ha generado una conciencia de que había que hacer algo», respecto al consumo de alcohol por parte de los jóvenes.

En este sentido, destacó que «Madrid está siendo pionera y está haciendo posible que con hechos prácticos se pueda moderar el consumo de alcohol y, en particular, el de los jóvenes». «Y es bueno que todas las comunidades autónomas hayan seguido la misma orientación», subrayó.

El responsable del Plan explicó que cuando se dificulta el acceso de alcohol a los jóvenes se consigue moderar el consumo. «La experiencia de otros países nos dice que hay que proteger a los menores y dificultar el acceso al alcohol, con la finalidad de darles tiempo para madurar y aprender», añadió.

Por otra parte, preguntado por la posibilidad de legalizar el cannabis, Robles advirtió que «con el alcohol y el tabaco ya tenemos suficientes problemas». Por ello, considera que «no deberíamos introducir otras sustancias ajenas a nuestra cultura».

«España es un país de tradición y de cultura, donde las bebidas alcohólicas forman parte de nuestra historia, y hay que proteger intereses industriales. Por eso, la Ley se ha hecho con enorme prudencia y equilibrio», concluyó.

Sin embargo, los grupos parlamentarios PSOE e IU han denunciado que la nueva Ley no servirá para nada, ya que no ataja el problema real, que es el consumo indiscriminado de alcohol los fines de semana por jóvenes españoles, y además no ofrece alternativas de ocio para éstos.

Francisco Contreras, diputado de la Comisión de Servicios Sociales del PSOE, y Caridad García, portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea, coincidieron al declarar que el problema fundamental de esta Ley es que fue aprobada sin consenso de todas las partes interesadas, como asociaciones de jóvenes, sindicatos o los propios partidos políticos.

Asimismo, ambos diputados afirmaron que la Comunidad de Madrid no ofrece alternativas de ocio para los jóvenes, sino que únicamente reprime, y que opciones como el teatro son demasiado caras para la juventud actual.

El diputado socialista declaró al respecto que «el botellón está asociado directamente a las políticas del PP,ya que debido a éstas los jóvenes no tienen acceso a la vivienda y por ello no pueden estar con sus amigos en sus casas tomando una copa, como lo hacen los adultos».

Por su parte, Caridad García, declaró que el Grupo Popular se ha saltado muchos pasos para aprobar la polémica Ly. Uno de los más importantes es el Consejo Económico y Social,al cual se debería haber consultado, porque la prohibición del consumo de alcohol en la calle es una medida que afectará a la economía española y al comportamiento social.

Del mismo modo, la portavoz de IU, denunció, en relación con los inconvenientes económicos de la Ley, que «no sólo provocará un consumo clandestino de alcohol, sino también una venta clandestina del mismo, lo que ocasionará el enriquecimiento de unos pocos y el perjuicio para la economía española».

Por último, ambos representantes parlamentarios manifestaron que la medida más importante que ha de tomarse en relación con este problema no es la represión, como se ha hecho, sino la educación para un consumo moderado y -añadió Contreras- aplicar una política de reducción de daños, como ya se está haciendo en otros países.