La Comisión de Subsecretarios dio el visto bueno ayer al anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol, que será presentado mañana al Consejo de Ministros, según informaron fuentes del Ministerio del Interior. Con respecto al primer borrador, concluido hace tres semanas, quedan dos impresiones claras: se matizan algunos de los aspectos más polémicos, como el régimen sancionador en lo que se refiere a infracciones leves e incumplimiento de la prohibición o limitación de publicidad, y se mantiene en toda su extensión la prohibición del consumo de alcohol a los menores de 18 años.
En primer lugar, el Gobierno ha sido receptivo a las demandas de los medios de comunicación y ha medido las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, tanto en prensa, como en radio y televisión, y diferencia claramente entre bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados y de graduación superior.
Una hora más en radio
Dentro de las restricciones de horarios para emitir publicidad, concede una hora más (de 21 a 8 horas) y retira la limitación de publicidad que existía en un máximo del 15 por ciento de los espacios publicitarios en las radios. Eso sí, «no se podrá insertar publicidad de bebidas alcohólicas en programas de contenido pedagógico o de carácter informativo sobre temas de interés público».
Asimismo, en los casos de medios impresos, también se han retirado las limitaciones que impedían, por ejemplo, que se superase el 25 por ciento del espacio de una página. Sin embargo, y con buen criterio, mantiene la prohibición de «cualquier forma de publicidad, directa o indirecta, dirigida específicamente a menores de 18 años».
Y es que frenar el consumo entre los menores de edad es el objeto final de la ley: «Prevenir el consumo de alcohol por parte de los menores de 18 años». Por ello, «queda prohibida cualquier forma de venta o dispensación, incluso gratuita, de todo tipo de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años». Y, sobre todo, se pretende acabar con el consumo callejero, con el llamado «botellón», mediante la prohibición de venta y consumo en «lugares, vías o transportes públicos cuando se altere la tranquilidad ciudadana o el derecho a la libre circulación de personas». Con una finalidad similar, la prohibición se extiende a «la celebración de concentraciones públicas en lugares, recintos o locales cerrados, públicos o privados, que no estén autorizados». En este tipo de locales, además, se exhibirán tanto en su exterior como en su interior «carteles advirtiendo de la prohibición» y «si existiese megafonía se difundirá la advertencia».
Protección del vino
El vino ha estado presente en todo momento en las negociaciones llevadas a cabo por los distintos ministerios y desde Agricultura se habría conseguido que se produzca cierta protección, ya que la ingesta moderada de vino se considera buena para la salud. Tanto en las restricciones, como en las limitaciones de publicidad y el régimen sancionador se ha conseguido una distinción absoluta en bebidas alcohólicas de menos y más de veinte grados. De hecho, se permitirá la publicidad de bebidas de menos de 20 grados «en el interior o exterior de los transportes de uso público, públicos o privados, comprendiendo las estaciones de ferrocarril, suburbano o no, y de autobuses de viajeros, incluidos lugares autorizados de parada intermedia de los mismos, así como en puertos y aeropuertos».
Aunque el ministro del Interior dijo en febrero que «no se puede sancionar a nadie administrativamente por consumir alcohol en la calle», sí existen sanciones pecunarias en la ley. Entre las infracciones leves por consumo, si el infractor tiene 16 o más años será castigado «con realización de trabajos de interés social en beneficio de la Comunidad entre dos y seis fines de semana». En principio, el Gobierno pretendía que se cumpliesen un mínimo de cuatro fines de semana y un máximo de veinticuatro. Dentro de este tipo de infracciones, se mantiene «la reprensión privada del infractor, con comunicación simultánea de la misma a los padres, tutores o guardadores».
Otra de las pretensiones iniciales era que los hipermercados y grandes superficies habilitasen cajas registradoras específicas para el cobro de bebidas alcohólicas con el fin de evitar mediante este control la venta a menores de 18 años. Sin embargo, se ha desestimado la medida.
