Siempre que se habla sobre países innovadores en política sobre drogas suele salir a relucir el nombre de Uruguay, que legalizó el consumo de cannabis y cuyo Estado asumió el cultivo y venta de este producto. También Portugal, cuyo enfoque social a la hora de combatir las consecuencias negativas de la droga lo ha convertido en un modelo a imitar. Quizá también Suiza o la República Checa, con sus medidas progresistas. Raramente sale a colación el nombre de nuestro país, que no se queda a la zaga respecto a los casos citados y que en algunos ámbitos está abriendo nuevas direcciones.
¿Por qué no se habla de ello, ni en España ni fuera de nuestras fronteras? Es la gran pregunta que se hacen en un trabajo recién publicado los investigadores Constanza Sánchez, coordinadora de Leyes, Políticas y Derechos Humanos de la Fundación ICEERS, y Michael Collins, director de la Oficina de Asuntos Nacionales de Drug Policy Alliance. “España es un buen ejemplo de un país con políticas innovadoras sobre drogas que, con la excepción de los clubes de cannabis, apenas son conocidas fuera de sus fronteras”, explican los autores. Las respuestas señalan, asimismo, a la excepcional relación que España mantiene con las drogas.
Las innovaciones políticas han venido desde la base, del trabajo de organizaciones, ayuntamientos y comunidades, no del Gobierno central
A diferencia de los países faro (Uruguay y Portugal), España ha visto un movimiento desde abajo hacia arriba, y las comunidades autónomas —en especial, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña— han sido pioneras a la hora de adoptar nuevas medidas, en ocasiones enfrentándose con el Gobierno central. Ha sido una política de “mejor pedir perdón que permiso”, precisamente el nombre de esta investigación. El objetivo ha sido tanto la reducción del daño causado por las drogas (tanto a nivel de consumo de mercado) como el rechazo del enfoque prohibicionista que ha caracterizado el viejo y fracasado enfoque de la guerra contra las drogas.
