Año nuevo, aire nuevo. A partir del 1 de enero fumar en los centros de trabajo quedará prohibido, de acuerdo con la ley que aprobó ayer el Congreso. Los empresarios que lo permitan podrán ser sancionados con multas hasta de 10.000 euros. Tampoco se podrá fumar en la mayoría de los lugares de ocio, medios de transporte o establecimientos públicos. En otros 23 países europeos ya existe la prohibición total de fumar en el trabajo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque en esta relación no se diferencia entre los países en los que se pueden crear habitaciones para fumadores y los que no. Si sólo se atiende a este último aspecto, la legislación española sólo es equiparable a la de Irlanda, que tampoco permite crear zonas para fumadores en las empresas. En la regulación de los lugares de ocio la legislación de Irlanda, Italia, Suecia y Noruega es más restrictiva.

El debate de la ley en el Congreso eliminó la mayoría de los cambios aprobados por el Senado. Los principales aspectos de la ley quedan como se indica a continuación.

SANCIONES 600 euros por fumar

La persona que fume en un lugar prohibido o fuera de las zonas para fumadores podrá ser sancionada con 30 euros la primera vez. La reincidencia puede elevar la multa hasta los 600 euros. La inspección estará a cargo de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, salvo en el caso de medios de transporte o de comunicación que tengan actividad en varias comunidades, en cuyo caso la denuncia puede ser autonómica, pero la sanción correrá a cargo de la Administración central.

BARES Y RESTAURANTES Doble regulación

Los bares y restaurantes de más de cien metros cuadrados podrán dedicar un máximo del 30% del espacio a zonas para fumadores, siempre que estén «completamente compartimentadas». Es decir, separadas con tabiques y sistemas de ventilación aislados. No valen mamparas, biombos, cortinas de aire ni extractores, como pretendía la patronal de los empresarios de ocio.

El tiempo para hacer la obra se queda en ocho meses. Este plazo ha sido muy criticado por los empresarios, que afirman que no podrán conseguir las licencias de obra de los ayuntamientos a tiempo. Salgado afirmó el miércoles que había mantenido conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias para que no pusieran pegas para hacer las obras necesarias.

En los establecimientos que tengan un espacio para el público de menos de cien metros cuadrados, será el dueño quien decida si se puede fumar o no. Esta medida no satisface a grupos como el BNG, ya que ello quiere decir que los trabajadores de estos locales no podrán evitar respirar el humo de los pitillos de los clientes.

Los hosteleros afirman que perderán 1.600 millones de euros con la ley. Salgado lo niega, y responde que la experiencia de Irlanda e Italia es que prohibir fumar en los locales de ocio ha aumentado la clientela.

TRATAMIENTOS A cargo del usuario

El Congreso eliminó ayer de la ley las enmiendas introducidas por el Senado a instancias del PP para que fuera la Sanidad pública la que sufragara los medicamentos para dejar de fumar. Estos tratamientos cuestan unos 160 euros por persona, según la Sociedad Española de Neumología. Ello no quiere decir que una comunidad no pueda pagar los parches o las pastillas que ayudan a dejar el tabaco, como hace Navarra, dijo la ministra de Sanidad, Elena Salgado, pero sin cargarlo a la cartera común de prestaciones. Esta medida no supone que las administraciones no establezcan programas de «facilitación de la deshabituación tabáquica» a través de la red de primaria y de unidades de tabaquismo en los hospitales, que se financiarán, en parte, con el dinero de las sanciones.

MENORES Máxima protección

El objetivo principal de la ley es evitar que los menores empiecen a fumar. Actualmente, la edad de inicio en el hábito está en 13 años. Los menores de edad no podrán comprar tabaco. Los de menos de 16 no podrán entrar en lugares donde se esté fumando, aunque les acompañe un adulto. Evitar que los menores puedan comprar pitillos es el objetivo último de la prohibición de venderlos sueltos. La ley no menciona las marcas baratas, cuyo objetivo es captar público joven. Salgado dijo que esperaba que el Ministerio de Hacienda «tomara medidas» para frenar su expansión.

PUBLICIDAD Sólo en los circuitos

La prohibición de hacer publicidad de productos de tabaco o de que las marcas tabacaleras promociones actividades lúdicas o deportivas será casi total y entrará en vigor en cuanto la ley se publique en el BOE, como han establecido la UE y la OMS. La excepción, a petición de CiU, que contó con el apoyo de los demás grupos (menos cuatro abstenciones) será el patrocinio de carreras de coches y motos. Con ello se pretende asegurar durante tres años los ingresos de los circuitos de Montmeló (Barcelona), Cheste (Valencia) y Jerez (Cádiz).

Una adicción que cuesta 50.000 vidas

El tabaco es causa de más de 50.000 muertes cada año en España, de las que 700 son personas que no fuman, y que fallecen como consecuencia de inhalar el humo del entorno. Por ello la ley aprobada ayer en el Congreso fue definida por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, como «el inicio de un futuro esperanzador».

La ley tiene tres objetivos: retrasar el inicio de la edad a la que los jóvenes empiezan a fumar, que actualmente está en los 13 años; conseguir que los lugares de trabajo estén libres de humo y que el ocio no pierda calidad por culpa del tabaco, indicó Salgado. En cifras, la ministra espera que en dos años el porcentaje de adultos que fuma pase del 31% al 26%.

La aprobación de la ley fue recogida con satisfacción por todos los grupos. Su principal punto, la prohibición de fumar en el trabajo, había acordado por unanimidad en el Congreso en octubre, aunque algunos grupos volvieron a abrir el debate ayer. «La reforma puede ser demasiada radical», dijo la diputada Carme García, de IV. El PP y CiU coincidieron en criticar que la ley no incluya la financiación de los tratamientos médicos para dejar de fumar.

Tanto el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo como la organización Nofumadores.org mostraron ayer su satisfacción por la aprobación de la ley. En cambio, la asociación Fumadores por la Tolerancia criticó que la norma «deje al margen a 10 millones de españoles».