Elevar la fiscalidad es uno de los principales argumentos sanitarios para limitar el acceso al tabaco. La industria ha advertido al Gobierno de que el contrabando volverá si se encarece seriamente el precio de sus productos y si se corta la reventa legal en quioscos, estaciones de servicio y centros comerciales, que los hacen ahora tan accesibles.
El paquete de tabaco de la marca de rubio más conocida no llega a 3 euros en España, mientras que en Francia vale 5 y en Reino Unido, 7 euros. Esto se debe esencialmente a la aplicación de impuestos más elevados en los otros países, aunque a muchos fumadores españoles pueda parecerles una barbaridad que el Estado se lleve el 71,8% del precio que pagan por la cajetilla.
Hay una acusación latente de dumping entre vecinos: la moderación de los precios españoles es un aliciente para que al residente en el suroeste de Francia le merezca la pena cruzar la frontera y comprar tabaco más barato en España -llama menos la atención que el clásico desplazamiento a Andorra- y para que los ciudadanos de países no tan cercanos aprovechen los vuelos de bajo coste. El Ministerio de Hacienda estima que en los cuatro primeros meses de 2005, las ventas de cajetillas en áreas turísticas y fronterizas creció el 23,08% respecto al primer cuatrimestre de 2004; al mismo tiempo, la venta de paquetes de 20 cigarrillos -los más comunes- cayó un 5,58% en el resto de España.
Una carga impositiva relativamente baja también ha favorecido la irrupción en el mercado de nuevas marcas de precio reducido. La competencia entre los fabricantes es más dura de lo que parece, porque la clientela se contrae progresivamente y lo hará aún más, a poco efecto que causen las medidas legislativas previstas. La Asociación Empresarial del Tabaco estima que se cerrarán 114.000 puntos de venta, el 40% del total, mientra el Comisionado para el Mercado de Tabacos (del Ministerio de Hacienda) cree que el cierre
afectará a 40.000 puntos.
El impuesto mínimo
Fuentes del sector tabaquero y de la Unión de Estanqueros informan de que se ha dado vueltas a la posibilidad de tocar la fiscalidad del producto, fijándole un impuesto mínimo -que no es lo mismo que un precio mínimo-, de forma que, en la práctica, la cajetilla de 20 cigarrillos no pueda comercializarse por debajo de 1,95 euros. Los defensores de la medida lo venden como un modo de impedir el acceso de adolescentes y jóvenes al tabaco.
El consumo de este producto entre los españoles desciende lentamente y el sector tabaquero sostiene el volumen global de ventas principalmente a base de inmigrantes -cuya incorporación masiva es muy reciente- y turistas. Estos colectivos proporcionan nuevos compradores con los que reponer el goteo de pérdidas entre la clientela tradicional. Por ejemplo, la Asociación Canaria de Empresas del Tabaco se opone a las restricciones de venta y consumo incluidas en el proyecto de ley preparado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, señalando este producto como uno de los atractivos adicionales del archipiélago, que recibe 10 millones de visitantes anuales.
Investigando con mayor detalle las ventas de tabaco por provincias, se comprueban las caídas sufridas por el mercado del humo en la mayor parte de la Península. No así en zonas fronterizas, ni en algunas de las que reciben muchos turistas (véase mapa). El monto de los consumos turístico y fronterizo resulta lógicamente inferior al del mercado interno, pero el Comisionado para el Tabaco estima que se vendieron 162,4 millones de cajetillas para el consumo turístico y transfronterizo en los cuatro primeros meses del año, frente a 131,9 millones en el mismo periodo de 2004 (No se dispone de datos de Canarias).
Los estanqueros del suroeste francés se sienten aplastados por esta situación y eso les ha llevado a atacar a las instituciones de Europa, por permitir precios tan diferentes de un mismo producto en el «mercado único». La situación de aquellos contrasta con el estado boyante de los estancos de las zonas próximas a la frontera francesa en las provincias de Guipúzcoa, Lleida o Girona.
Francia y el «no» a la Unión Europea
Una breve incursión en Francia tiene interés para comprender las consecuencias de una subida fuerte de los impuestos sobre el tabaco. En 2003 y 2004, el Gobierno de Jacques Chirac asestó tres mazazos sucesivos al precio del tabaco, por la vía de incrementar la remuneración del Estado. Los precios subieron entre el 8% y el 16% a principios de 2003, entre el 18% y el 20% en octubre de ese año y un 10% suplementario en enero de 2004, oficialmente en nombre de la lucha contra el cáncer, declarada por Chirac una de las tres prioridades de su segundo mandato presidencial.
La cuarta subida de impuestos estaba prevista para finales de 2004, pero fue suspendida, tras un reguero de protestas a cargo de propietarios y trabajadores de los 34.000 estancos de Francia. La extrema derecha, liderada por Jean-Marie Le Pen, trató de sacar partido político de la situación, achacando la subida de impuestos a la necesidad de taponar la hemorragia presupuestaria provocada por la jornada laboral de 35 horas y no a preocupaciones salutíferas. Aprovechando este asunto, el partido de Le Pen insistió en que deben restablecerse los controles en las fronteras entre países europeos.
El presidente de la agrupación de estanqueros franceses, René Le Pape, niega haber dado consigna de voto con vistas al referéndum de la Constitución europea del 29 de mayo, pero confiesa tener «la impresión» de que sus colegas de las regiones fronterizas hicieron campaña por el no, como señal de protesta contra una Europa que les arruina, en beneficio de españoles o luxemburgueses. El Gobierno de París se ha visto obligado a anunciar compensaciones financieras para los expendedores de tabaco, cuando sus ventas caen en más de un 25%.
La cara sanitaria del Jano francés lo ve de un modo muy distinto. En poco más de dos años, 1,8 millones de franceses han dejado de fumar, según informó el cardiólogo Philippe Douste-Blazy en vísperas de dejar el cargo de ministro de Sanidad, rumbo a su nuevo destino como jefe de la diplomacia de su país. El médico y político atribuye al alza de precios el éxito obtenido en la renuncia de fumadores al tabaco.
«Eso es mentira», reacciona Manuel Fernández, el presidente de los estanqueros españoles, actualmente a la cabeza de la unión europea del sector. «Lo que pasa es que los franceses quieren que todos los países cometamos el mismo error que ellos. El poder adquisitivo de los españoles es inferior al de otros países europeos y no se puede exigir que la carga impositiva sea la misma para todos. Además, la ampliación de la UE ha introducido a Estados en el espacio comunitario con precios del tabaco más baratos que el nuestro».
El Viejo Continente sufre un problema de mercado negro de tabaco. En el Reino Unido se estima que el contrabando representa un mínimo del 20% del total del consumo. Un contenedor de 10 millones de cigarrillos puede proporcionar entre 1 y 2 millones de dólares, para un costo cuatro o cinco veces inferior. Los beneficios son enormes. En Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido, las operaciones policiales y de aduanas se suceden contra las mafias dedicadas a este comercio ilegal.
España aparece como un microclima europeo, a resguardo del contrabando. La Guardia Civil y los servicios aduaneros continúan con las aprehensiones de cargamentos ilegales, pero casi todos parece que van de paso hacia otros lugares de Europa. El índice elaborado por Altadis -la tabacalera líder del mercado español- apunta que el consumo de tabaco de contrabando bajó al mínimo histórico del 0,8% en el primer trimestre de este año, después del 1,2% en 2003 y 2004.
Quedan lejos los tiempos en que grandes barcos nodriza, cargados de tabaco de marcas estadounidenses, se situaban cerca de las costas de Galicia o Cádiz y embarcaciones más pequeñas salían desde el litoral para abastecerse, iniciándose así la distribución hacia un vasto mercado negro. «Cuando yo estaba de presidente de Tabacalera, en los años ochenta, no vivía con el tema del contrabando», recuerda Cándido Velázquez-Gaztelu, hoy al frente de la Asociación Empresarial del Tabaco (AET).
Todo eso fue liquidado poco a poco. Actualmente, el 45% de todo el tabaco que se vende en España circula por la red de reventa en condiciones legales: máquinas automáticas y puestos de distribución en estaciones de servicio, quioscos de prensa, tiendas abiertas 24 horas y centros comerciales. El proyecto de ley del Gobierno de Rodríguez Zapatero prevé retirar máquinas expendedoras y clausurar puestos de distribución en todos aquellos lugares donde no se permita fumar.
«Lo que nos tememos es que en el momento en que se prohíba la reventa legal, se activen canales ilegales que ahora son residuales», opina Velázquez-Gaztelu. A su juicio, «hacer desaparecer toda la publicidad y promoción del tabaco, y sancionar severamente la venta de cigarrillos a menores, forzará el prestigio de lo prohibido y podría fomentar las transgresiones de la norma entre los jóvenes».
Encarecer el tabaco en España «tendrá el efecto de reducir la cuota de mercado de las labores más vendidas ahora y favorecer el consumo de las más caras», a juicio de Javier Blanco Urgoiti, de 33 años, ex fumador de cigarrillos -aunque fumador de cigarros- y portavoz del Club Fumadores para la Tolerancia. Una opinión distinta a la de Raquel Fernández Mejía, portavoz de la asociación NoFumadores, para quien la tolerancia bien entendida consiste en «preocuparse de los fumadores pasivos, de los que menos se habla».
Pobres fumadores
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y un grupo de expertos, financiado por el Banco Mundial, denunciaron hace años el círculo vicioso que vincula el tabaco a la pobreza. La gran mayoría de los clientes de la industria tabacalera en el mundo viven en los países menos desarrollados o «emergentes». En los pocos Estados que se han dotado de políticas antitabaco muy desarrolladas, como el Reino Unido, se estima que ya sólo fuma entre el 10% y el 12% de las personas que pueden considerarse en categorías socioeconómicas elevadas, frente a porcentajes del 35% al 40% de fumadores entre los sectores populares.
Datos como éstos llevaron a la OMS y a los expertos del Banco Mundial a recomendar a los Gobiernos el arma económica para contener la «epidemia tabáquica», juzgada por los especialistas en prevención sanitaria como «un problema que golpea principalmente a los pobres».De ahí el consejo de limitar el acceso al producto con precios altos.
Pero el contrabando acecha. Las multinacionales del tabaco fueron señaladas en el pasado como responsables de vender parte de su producción a intermediarios dudosos y de sabotear los esfuerzos de las autoridades sanitarias. En 1998, un proceso contra la industria tabacalera en Estados Unidos terminó con un pacto que les obligó a pagar a 46 Estados para luchar contra el tabaquismo y a difundir documentos secretos sobre prácticas para mantener cautivas a sus clientelas. La Comisión Europea también demandó a Philip Morris, el número uno mundial de la fabricación de cigarrillos, lo cual desembocó en julio de 2004 en un acuerdo por el que la compañía aceptó pagar hasta 1.250 millones de dólares, que nadie llamó «multa», sino aportación a un programa anti-contrabando.
El cowboy de la marca de rubio más conocida en el mundo, símbolo de la libertad y de los grandes espacios abiertos, aparece hoy como un proscrito. Pero la multinacional que lanzó su imagen se presenta ahora al público con otra cara. Basta con entrar en el portal de Philip Morris en Internet para encontrarse un texto titulado: «Por qué trabajamos para que los niños no fumen», así como explicaciones sobre lo malo que es vender tabaco por Internet, porque no hay forma de asegurarse de que el comprador es un adulto responsable… y enlaces electrónicos a la Organización Mundial de la Salud, a la Comisión Europea, al Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos y a la autoridad sanitaria británica, es decir, a los líderes de la prevención en materia de salud.
En vez de seguir negando las consecuencias nocivas del producto, las multinacionales pretenden ser las primeras que advierten de los peligros. Lo cual también es un modo de protegerse contra nuevas demandas judiciales. Philip Morris ha comenzado a incluir unos prospectos sobre los efectos del tabaco para la salud en el interior de los paquetes de sus marcas. Las multinacionales incluso financian investigaciones sobre su propio producto, oficialmente destinadas a eliminar riesgos sanitarios, lo cual ha provocado cierta controversia entre científicos en Estados Unidos, algunos de los cuales critican a los colegas que aceptan dinero de la otrora denostada industria del tabaco.
Algunas de las personas con mayor experiencia dentro del sector creen que la solución al enfrentamiento entre las preocupaciones sanitarias y los intereses económicos habrá de pasar, de nuevo, por la propia industria del tabaco.
Consultada la filial de Philip Morris en España, su director de relaciones corporativas, Javier Areitio, ofrece una pequeña explicación del estado de la cuestión. «Como fabricante, forma parte de nuestra línea continuar investigando y desarrollando nuevos productos que pudieran contribuir a reducir el daño del tabaco», explica. «Pero no tenemos un cigarrillo que pueda reducir el daño».
«A día de hoy no podemos hacer ninguna alegación en ese sentido, ni tampoco sobre cigarrillos de exposición al humo más reducida, mientras no esté científicamente probada», agrega Areitio. «Lo que pedimos es una regulación que determine qué es un cigarrillo de menor riesgo. Eso no corresponde decidirlo a la compañía, sino a las autoridades sanitarias».
