Hungría recrudece su «guerra contra las drogas» y profundiza su ofensiva contra la sociedad civil
El gobierno húngaro, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, ha relanzado su «ofensiva antidrogas» con una batería de medidas legales y policiales que han desatado críticas tanto en el ámbito nacional como internacional. En su reciente discurso sobre el estado de la nación, Orbán declaró una nueva «guerra contra las drogas», que incluye una reforma constitucional que criminaliza el consumo de sustancias.
La 15ª enmienda a la Constitución no solo prohíbe la producción, distribución, uso y promoción de drogas ilegales, sino que también permite retirar temporalmente la ciudadanía húngara a personas con doble nacionalidad consideradas una «amenaza». Esta medida se presenta junto a otros cambios polémicos, como la definición constitucional de que «los humanos solo pueden ser hombres o mujeres», y una nueva prioridad legal que pone la «protección moral y espiritual de los niños» por encima de cualquier otro derecho, salvo el derecho a la vida.
Aunque en la práctica el consumo de sustancias ya estaba penalizado, esta modificación constitucional fortalece el marco punitivo. Como complemento, el gobierno ha creado dos nuevas unidades policiales: una Oficina Nacional contra las Drogas con 150 efectivos y una unidad especial de 210 agentes centrada en el control del narcotráfico en zonas rurales empobrecidas y vulnerabilizadas —y que serán más estigmatizadas y castigadas por estas políticas que vulneraran todavía más sus derechos fundamentales—.
Las medidas, sin embargo, han sido recibidas con escepticismo y preocupación por parte de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil. Mientras Orbán refuerza la represión, la inversión en prevención y tratamiento de adicciones es prácticamente inexistente. En cambio, el gobierno ha destinado 1.000 millones de forintos (unos 2,5 millones de euros) a subvencionar establecimientos rurales que venden alcohol, en un país que ya tiene tasas alarmantes de enfermedades y muertes relacionadas con el consumo de esta sustancia. Esta medida forma parte de un programa de apoyo al sector turístico y a los pequeños comercios rurales, anunciado por el ministro de Economía Nacional, Márton Nagy, a través de su cuenta oficial en Facebook.
El endurecimiento de la política antidrogas no es un fenómeno aislado, sino la culminación de una década de políticas regresivas. En 2013 se modificó el Código Penal para aplicar sanciones más duras, incluyendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para traficantes. Desde entonces, entre 6.000 y 7.000 personas son arrestadas anualmente por delitos relacionados con drogas, en su mayoría personas jóvenes consumidoras de cannabis.
La respuesta institucional también ha sido desmantelada: en 2014 se cerraron los dos principales programas de intercambio de jeringuillas, en 2017 se disolvió el Instituto Nacional de Prevención de Drogas, y desde la pandemia no se han asignado fondos públicos a iniciativas civiles de prevención. A esto se suma la controvertida «ley de protección infantil» de 2021 —llamada «ley homófoba»—, que prohíbe a las ONG impartir educación preventiva sobre drogas en escuelas.
En este contexto, voces como la del activista y experto en drogas Péter Sárosi advierten que esta estrategia centrada exclusivamente en el castigo está condenada al fracaso si no se atienden los factores estructurales: pobreza, exclusión, falta de atención sanitaria y abandono institucional.
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud por el uso político de esta «guerra contra las drogas», que consideran parte de una estrategia más amplia de represión de libertades civiles. Según ellas, Hungría no solo criminaliza el consumo de drogas, sino también a quienes trabajan por una política más humana y basada en la salud.
