El ministerio nipón de Sanidad celebró hoy una reunión para establecer un sistema que permita regular exhaustivamente las sustancias químicas legales, que se venden en establecimientos especializados en Japón y producen efectos similares a las drogas.

La medida servirá para estrechar el cerco a este tipo de sustancias modificadas que evaden la ley, llamadas «dappo habu», después de que se haya incrementado en ciudades como Tokio las tiendas que venden estos productos que, en muchos casos, imitan al LSD o el cannabis y producen alucinaciones o efectos narcóticos.

La estrategia del Ministerio de Sanidad consiste en permitir a las autoridades locales y la policía prohibir la distribución de estas sustancias sin necesidad de analizarlas, algo que lleva un tiempo considerable, informó la agencia local Kyodo.

Además, el ministerio podría considerar como ilegales a grupos de componentes químicos utilizados comúnmente en este tipo de «drogas» para prohibir más sustancias y poder rastrear a sus productores, puntos de venta e importadores.

Los vendedores de estos productos, que en su mayoría se encuentran en tiendas para adultos bajo la premisa de ser sustancias «relajantes», aprovechan un vacío legal que les permite vender la mercancía al tener una composición ligeramente diferente de la decretada como ilegal.

El abuso de este tipo de sustancias ha aumentado en los grupos de jóvenes japoneses, con un incremento de los casos de hospitalizaciones por intoxicaciones e incidentes de tráfico protagonizados por conductores bajo la influencia de estas «drogas», que se venden en bolsitas por precios entre 25 y 50 euros.

En este sentido, el pasado 12 de noviembre una mujer de apenas 20 años murió en un hotel del barrio tokiota de Shibuya, donde se localizan muchas de estas tiendas, después de quedar inconsciente tras inhalar este tipo de sustancias, según informó Asahi TV.

Desde que abrieran sus puertas por primera vez en 2009, se estima que cerca de 400 tiendas venden «fármacos relajantes» en Japón, de las que unas 200 operan también por internet, según datos del Ministerio publicados a finales de agosto.

Japón es un país que aplica una política de «tolerancia cero» en los casos relacionados con tenencia, venta o consumo de drogas, con penas de cinco años de prisión o multas de hasta 5 millones de yenes (47.000 euros) para los establecimientos que vendan sustancias prohibidas.