La Comisión de Sanidad del Senado ha modificado buena parte del proyecto de ley del medicamento con la aprobación de 43 enmiendas, la mayoría con el voto en contra del PSOE. En este trámite parlamentario se ha decidido de nuevo prohibir la venta por Internet de cualquier tipo de medicamento.

La mayor parte de las enmiendas aprobadas en esta comisión, tras una farragosa votación de más de dos centenares de propuestas, serán ratificadas en el pleno del Senado. Pero es previsible que finalmente las revoque el pleno del Congreso, donde el Partido Socialista tiene mayoría.

Además de la prohibición de vender medicamentos sin receta a través de Internet, como pedía el PP, la Comisión ha aprobado una enmienda suscrita por todos los grupos, a excepción del PSOE, para que, junto a médicos y odontólogos, otros profesionales sanitarios (como enfermeros o podólogos) puedan «autorizar» algunos medicamentos en condiciones específicas y para determinados tratamientos.

También se aprobaron otras propuestas para prohibir los nombres de «fantasía» en los medicamentos genéricos, obligar a incluir el precio en las cajas de los fármacos o fortalecer las competencias de las Comunidades Autónomas en política farmacéutica.

El Gobierno deberá además garantizar que los almacenes mayoristas sean abastecidos adecuadamente por los laboratorios, a pesar de la libertad de distribución.

Críticas políticas

La falta de mayoría del grupo socialista en el Senado, criticado por el resto de los grupos por su «falta de flexibilidad», ha quedado patente en las enmiendas aprobadas de cada formación. El PSOE sólo consiguió que fuera respaldada una de sus propuestas -una corrección de erratas-, mientras que el PP y el PNV sacaron adelante 16 enmiendas cada uno.

El portavoz socialista, Cristóbal López Carvajal, defendió la ley como «certera y valiente» y se mostró convencido de que sentará las bases para modernizar los laboratorios, consolidar el modelo de oficinas de farmacias español y fijar reglas de juego con vocación de futuro.

Sin embargo, la portavoz del PP, Rosario Casado, criticó la «cerrazón» del Gobierno a la hora de admitir propuestas nuevas. Y aseguró que la norma «no garantiza la prestación farmacéutica, no da respuesta a los pacientes y no escucha las demandas de los profesionales».

La representante del PNV, Inmaculada Loroño, llegó a anunciar un posible voto en contra de la ley en el pleno, al considerar que «arrebata» competencias a las Comunidades Autónomas.

La Ley de Garantías y Uso racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios será votado (junto con las enmiendas que quedan vivas) la próxima semana en el Pleno de la Cámara Alta.