Una nueva vía puede estar abriéndose en el mundo respecto al control de las drogas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha constatado que su prohibición ha sido un “absoluto fracaso” que “ha destruido innumerables vidas y dañado comunidades enteras”. Similar tesis mantiene la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por exmandatarios de países como Brasil, Colombia, Nueva Zelanda, Grecia o Polonia. Y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga aprobó en marzo, con un inédito consenso, explorar un nuevo sistema de fiscalización internacional de las sustancias, propuesta que tan solo rechazaron los EEUU de Trump, la Rusia de Putin y la Argentina de Milei.
El último informe de Amnistía Internacional corrobora que la prohibición de las drogas es la causante de muchas muertes en el mundo, no por las consecuencias de su consumo, sino por las ejecuciones judiciales y extrajudiciales en países donde las leyes, o la ausencia de ellas, castigan severamente su uso y tráfico. El 42% de las ejecuciones judiciales conocidas en 2024 en todo el orbe fueron por delitos relacionados con las drogas, ajusticiamientos ilícitos según el derecho internacional de derechos humanos, que restringe el uso de la pena capital a los delitos de sangre más graves.
