Las comunidades autónomas podrían dedicar en el futuro un fijo de 0,25 euros por habitante, además de un porcentaje variable, a la financiación de las medidas contempladas en el Plan Nacional para la Prevención y Control del Tabaquismo en base a las “orientaciones iniciales” incluidas en el mismo, según anunció el director general de Salud Pública, José María Martín Moreno.

Este porcentaje “puede ser de un punto” y estará determinado por el objetivo de no elevar el Índice de Precios de Consumo (IPC) precisó.

El Ministerio de Sanidad y Consumo prevé aprobar el Plan en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, cuya convocatoria no está aún cerrada, pero se espera para “finales de noviembre”, y su puesta en marcha a principios de 2003, según explicó Martín Moreno.

Durante una rueda de prensa celebrada en Madrid en el marco del II Congreso Nacional sobre la Prevención y Tratamiento del Tabaquismo, Martín Moreno destacó entre las prioridades del Plan Nacional retrasar la edad de inicio en el hábito tabáquico y garantizar el derecho de los no fumadores a disfrutar de un aire exento de humo.

Para cumplir con el primero de los objetivos, el programa contempla la instalación de máquinas expendedoras de tabaco capaces de reconocer la edad del comprador y garantizar que el mismo es mayor de edad, y al mismo tiempo respeten la intimidad de sus datos personales. “Ya existen soluciones tecnológicas” que lo permiten, pero “no hay una sola”, por lo que aún no se ha delimitado nada al respecto, señaló Martín.

En cuanto al respeto de los derechos de los no fumadores, su garantía pasa por establecer espacios libres de humo en empresas, administraciones y lugares como centros docentes, sanitarios, públicos y de ocio, a partir del consenso con los trabajadores sociales, y “no desde la imposición”.

Según los cálculos del Ministerio, para 2005 la mitad de las empresas dispondrán de estas áreas, aumentando el porcentaje hasta la casi totalidad de las compañías para 2007.

Además, el último borrador del Plan contempla otras de carácter legislativo, como excluir de la confección del IPC los productos del tabaco, unificar a nivel nacional la prohibición de la venta de tabaco a menores de 18 años, prohibir la venta de cigarrillos sueltos estableciendo como única unidad las cajetillas de 20 unidades, implantar en todo el territorio nacional la prohibición de la publicidad directa e indirecta y del patrocinio de los productos del tabaco y establecer medidas fiscales de aumento de precios.

A estas medidas, que en última instancia persiguen reducir la mortalidad asociada al tabaco en España, que se traduce en más de 56.000 fallecimientos al año, se suman las de establecer programas de ayuda al abandono del tabaco, cuya financiación también está siendo objeto de estudio, y promover la colaboración intersectorial, interterritorial e internacional en esta dirección.