La posibilidad de cambiar la clasificación de la hoja de coca en el sistema de tratados de las Naciones Unidas sobre la fiscalización de drogas ha generado controversia entre las comunidades indígenas de los tres principales países productores y consumidores de coca: Bolivia, Colombia y Perú. Los partidarios de la revisión de la coca, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está llevando a cabo, consideran que el cambio sería una oportunidad para reivindicar los derechos y tradiciones de los Pueblos Indígenas al poner fin a la clasificación de la coca como estupefaciente de la Lista I, en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Sin embargo, sobre la base de sus propias experiencias en los conflictos y las dificultades que la expansión de la coca ha implicado en partes de la región andino-amazónica, muchas comunidades indígenas tienen recelo con respecto a la iniciativa de revisión de la coca y se muestran escépticos de que este cambio pueda beneficiarlos. Algunos incluso consideran que el proceso de revisión de la coca socavará aún más los derechos y la autonomía de los Pueblos Indígenas.
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