Durante más de seis décadas, la política de prohibición de drogas ha tenido profundos efectos en los derechos humanos, especialmente en América Latina, donde la producción y tráfico de sustancias ilícitas son predominantes. A pesar de los esfuerzos prohibicionistas, el mercado ilegal de sustancias psicoactivas ha evolucionado, consolidando redes de macrocriminalidad, violencia y corrupción que continúan afectando gravemente a la región.
El enfoque prohibicionista, liderado principalmente por Estados Unidos, no solo ha fracasado en desmantelar el mercado de sustancias, sino que también ha entorpecido procesos clave de justicia y reparación para las víctimas. Centroamérica, y particularmente Honduras, ha sido gravemente afectada por la violencia y corrupción vinculadas al narcotráfico. Las políticas de “mano dura”, intensificadas desde los años 2000, desplazaron los centros logísticos del tráfico de drogas hacia el Triángulo Norte centroamericano: Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El informe ‘Extraditar la Verdad: Aproximaciones a los efectos de la política criminal de Estados Unidos en Honduras’ de Elementa DDHH, examina el impacto de la política criminal estadounidense en Honduras, enfocándose en la extradición de personas narcotraficantes de alto perfil. Este documento resalta la debilidad institucional del país centroamericano, donde las relaciones entre el Estado y el crimen organizado han difuminado las líneas entre gobierno y delincuencia.
Uno de los principales desafíos que enfrenta Honduras, según el informe, es la falta de transparencia en los procesos de extradición. La opacidad en las sentencias judiciales y en las motivaciones detrás de las decisiones dificulta el análisis profundo de las implicaciones para los derechos humanos. En muchos casos, las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico han sido ignoradas, lo que deja una importante deuda de justicia y reparación.
En Honduras, la extradición, gestionada exclusivamente por el poder judicial, carece de una normativa clara, generando incertidumbre y falta de transparencia. A pesar de que más del 50% de la población hondureña la apoya como herramienta en las acciones contra el narcotráfico, especialmente tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022, la percepción pública sigue siendo un reto. Gran parte de la ciudadanía cuestiona si los derechos de las víctimas están siendo priorizados sobre la justicia internacional.
Según el informe, casos como los de Juan Ramón Matta Ballesteros y Juan Orlando Hernández evidencian la infiltración del narcotráfico en el Estado hondureño y destacan las prioridades de Estados Unidos. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la debilidad institucional y el acceso limitado a información pública.
Elementalidad DDHH también destaca que el gobierno de Xiomara Castro ha utilizado la extradición como una herramienta política para consolidar su posición en un contexto de creciente inestabilidad. A pesar de este uso, el informe señala que es crucial fortalecer las instituciones hondureñas mediante un marco legal más robusto que garantice verdad, justicia y reparación, y proteja al Estado de la influencia del narcotráfico.
El documento concluye que la política prohibicionista, impulsada por Estados Unidos con un enfoque punitivo, ha fracasado en desmantelar el mercado ilícito de sustancias. En su lugar, ha contribuido a una espiral de violencia y corrupción en países productores y de tránsito como Honduras. Esta política ha impedido que las víctimas del narcotráfico encuentren justicia y ha perpetuado la impunidad de los actores involucrados en los eslabones más alto de la cadena.
En resumen, aunque la extradición ha sido una herramienta útil en la lucha contra el narcotráfico, las limitaciones del sistema y la falta de un enfoque integral han dejado al país con una deuda importante en términos de justicia y reparación. Para Elementa DDHH, es esencial fortalecer el sistema judicial y priorizar los derechos humanos, que deben ser las principales prioridades para que Honduras pueda enfrentar los desafíos del narcotráfico y la corrupción estatal.
