Las funciones de control de la oferta y de control de la demanda de drogas en la Argentina estuvieron bajo la órbita de la SEDRONAR desde su creación en 1989. Esta semana, el gobierno anunció una división de tareas largamente reclamada por expertos y sociedad civil. A partir de este mes de diciembre de 2013, las funciones de control del tráfico (oferta) serían responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación y la SEDRONAR continuaría únicamente con las tareas de atención a los usuarios de drogas (demanda). Desde Intercambios Asociación Civil esperamos que esta división de funciones redunde en un balance adecuado de los esfuerzos nacionales entre estos dos aspectos.

Llamamos a que las acciones en ambas direcciones estén guiadas por la evidencia científica y el respeto pleno de los derechos humanos, como principios que orienten las políticas de drogas.

En función del debate público de los últimos meses en torno a cómo perseguir los negocios relacionados con el tráfico de drogas y al crimen organizado en la Argentina, desde Intercambios instamos a implementar políticas orientadas a reducir la violencia. La experiencia mexicana es clara sobre las nefastas consecuencias de avanzar en la militarización de los conflictos relacionados con las drogas.

Es necesario también revisar la proporcionalidad en las penas por delitos vinculados con drogas, despenalizar la tenencia de estupefacientes y el cultivo para consumo personal, e incorporar una perspectiva de género en las respuestas, ya que las mujeres -especialmente las más pobres y jefas de hogar- son el eslabón más vulnerable y afectado por el actual andamiaje punitivo.

Todas estas propuestas, necesarias para la Argentina, se encuentran desarrolladas en la «Carta abierta a las/os Ministras y Ministros responsables de la seguridad pública de las Américas», que desde Intercambios suscribimos junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de la región y que fueron presentadas en la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas celebrada en Medellín en noviembre de 2013.

Por otra parte, acordamos con plantear un abordaje «sistémico, integral, territorial, pero con amplia participación social y ciudadana«, tal como anunció el Gobierno. Creemos oportuno subrayar que en la respuesta asistencial es preciso ajustarse a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que reconoce derechos y garantías de las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales.

Estos derechos son, entre otros: a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos; a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria; y en caso de que la internación fuera involuntaria o voluntaria prolongada, a que las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el Órgano de Revisión.

En este sentido, insistimos en la necesidad de estructurar una red de servicios variados que atiendan problemas diferenciados (prevención universal y selectiva, dispositivos de bajos requerimientos o bajo umbral, atención en crisis, asistencia ambulatoria, centros de desintoxicación, centros de día, comunidades terapéuticas, programas de reducción de daños, servicios de soporte social, educativo y laboral).

Esta red de servicios tiene que integrar y coordinar recursos con diferentes dependencias administrativas del sector público y privado, y promover la atención de los usuarios de drogas en todos los niveles del sistema público de salud (hospitales generales, centros de salud y unidades sanitarias). En concordancia con lo dispuesto por la Ley Nacional de Salud Mental, deben priorizarse los tratamientos ambulatorios y dispositivos alternativos a la internación.

Es indelegable la responsabilidad del Estado en garantizar la calidad de los tratamientos y el respeto de la dignidad de las personas atendidas, por lo que su función de fiscalización debería alcanzar a todas las iniciativas, aún aquéllas que se encuentren fuera de una red integrada de servicios públicos y privados y sean iniciativas no registradas formalmente, comunitarias o religiosas de todos los cleros.

Por último, la participación social y ciudadana para ser efectiva debe formalizarse en espacios multisectoriales entre distintas áreas del gobierno, con la participación de actores diversos de la sociedad civil, la academia y los usuarios de drogas, a fin de generar mecanismos sistemáticos y transparentes para la formulación de las políticas públicas.

Desde la Asociación Civil Intercambios esperamos que en esta nueva etapa se afiance una política integral, equilibrada, multisectorial y multidisciplinaria, para abordar los diversos problemas asociados a las drogas.

Esperamos que esta política fortalezca los avances producidos por la Ley Nacional de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención.

Esperamos también que esta política impulse el tratamiento legislativo de los proyectos de reforma de la Ley de Estupefacientes 23.737 -suspendido desde hace más de un año, la reducción de las condiciones de exclusión social, y se concentre en la persecución de las organizaciones delictivas que generan corrupción e incremento de la violencia. Es decir, una política con eje en la salud pública y la seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos.