Iniciando 2024, en Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y otras ciudades y municipios del país han implementado nuevas medidas para impedir el consumo y el porte de drogas en espacios públicos de sus territorios. Esto, en aras de “proteger” a las personas, sobre todo a la niñez y a la juventud, de las consecuencias del consumo problemático de estupefacientes.
Sin embargo, aunque los decretos expedidos hasta el momento se justifiquen bajo ese objetivo, desde la ONG Temblores han alertado la inconveniencia de los mismos, así como su peligrosidad y falta de eficacia para abordar la problemática.
Según explicó a Infobae Colombia, el director de la organización, Alejandro Lanz, hay un problema base del cual partir: en Colombia hay 1.101 municipios en los que la normativa con respecto a las drogas opera de manera diferente.
Esto, a pesar de que existe la Ley 30 de 1986, que regula la dosis mínima en el país, y el Decreto 2114 de 2023, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, con el que se derogó Decreto 1844 de 2018, que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos.
