El Partido Socialista, Convergencia i Uniò, IU-ICV y UPyD han recogido en su paquete de enmiendas a la Ley del Juego, una normativa que regulará por primera vez en España el juego “on line”, una mención especial a la ludopatía. En la propuesta de estos grupos se pide que dicha normativa colabore en la mitigación y reconocimiento de esta enfermedad.

Desde el PSOE, que ha presentado cerca de 15 enmiendas, se pide una mejora técnica en la redacción de la ley en la que se recoge el fenómeno de la “adicción al juego”, sustituyendo así al anterior concepto de “participación desordenada en los juegos de azar”.

Es más, los socialistas quieren que el texto del Ejecutivo recoja que, en el supuesto en el que la convocatoria del concurso público se limitase al número de operadores a los cuales se pueda adjudicar una licencia, quede “expresamente motivado” con base a informes técnicos que lo justifiquen. Además, quieren que la Comisión Nacional del Juego (CNJ) ejerza la potestad sancionadora respecto a las infracciones administrativas cometidas en materia de juego, objeto de esta normativa.

MÁS OBJETIVOS DE LA LEY

Por su parte, los nacionalistas catalanes, que han registrado cerca de un centenar de enmiendas parciales al texto, desean que se reconozca en el objetivo de la futura normativa la lucha contra el fraude, la prevención de las conductas adictivas y la protección a los derechos de los menores.

Igualmente, proponen que la actividad de patrocinio en los acontecimientos deportivos que sean objeto de apuestas requerirá de la autorización previa de la CNJ, en la forma que reglamentariamente se determine.

Es más, especifica que no estará afectada por este requisito la actividad de patrocinio en la difusión de esos acontecimientos por un prestador de servicios de comunicación audiovisual, que se ajustará a lo dispuesto por la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

CiU añade también que entre los deberes de dicha comisión estará otorgar las licencias generales previstas en esta ley, mediante un procedimiento que se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad y no discriminación. “Para optar a la concesión de una licencia general, los operadores deberán cumplir los requisitos que legal y reglamentariamente se determinen.

ELEGIDO EN EL CONGRESO

UPyD, en sus más de 20 enmiendas parciales presentadas al texto del Gobierno, estima conveniente que el presidente de la CNJ sea elegido en el seno de la Comisión parlamentaria de Economía, a partir de sugerencias realizadas por grupos políticos y mediante votación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara.

Además, pide que este presidente comparezca en dicha comisión una vez al año, para dar cuenta de las políticas implementadas por su departamento, al tiempo que señala que el CNJ tenga competencia sobre la normativa básica de los diferentes juegos, criterios para el otorgamiento de licencia, o la coordinación sobre las medidas de protección a los menores y personas dependientes, entre otras.

Desde el BNG, que ha registrado 11 enmiendas, se pide que el Ministerio de Economía y Hacienda asuma las obligaciones de la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado, a la vez que apuesta por que se garantice el pago de las deudas que mantengan los clubes o sociedades deportivas con los futbolistas, técnicos y personal con licencia federativa para permitir el mejor desarrollo de las competiciones.

Igualmente, los nacionalistas gallegos proponen la participación de las asociaciones y sindicatos de deportistas en la recaudación de apuestas deportivas, teniendo en cuenta “su importante labor” de formación personal y laboral, así como su función social.

EL PP, CONTRARIO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA LAE

El PP, por su parte, se muestra contrario, entre sus 67 enmiendas, a la privatización del 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y rechaza la creación de la CNJ como órgano regulador del sector, para evitar incrementar el gasto público, y que éste se ordene a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Economía.

Además, insta a que, en caso de que el Gobierno se niegue a dar marcha atrás en la privatización de LAE, el proceso de valoración para elegir a la entidad que vaya a entrar con hasta un 30 por ciento en Loterías “sea equivalente a un volumen de deuda pública que suponga un ahorro de intereses similar en términos reales a los ingresos perdidos por la hacienda pública” con la privatización.

Por otro lado, el grupo aboga por que los operadores de juego “on line” actúen bajo el dominio “.es” y pide al Gobierno que elabore un plan de lucha para combatir la ludapotía.

El grupo también pide equipos especializados para el control del juego, el retorno de una parte de las tasas que se recauden para financiar el deporte en general y el fútbol, así como la eliminación de la obligación a los medios de comunicación de controlar si las empresas de juego que se anuncien en sus plataformas tienen o no licencia.

NO A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Por su parte, IU-ICV ha presentado una enmienda para prohibir expresamente a las entidades de crédito y a las empresas de telecomunicaciones tramitar transacciones o dar servicio de las empresas de juego “on line” que operen en España sin licencia con el objetivo de acabar con “el juego ilegal” imponiendo “un mayor control sobre los medios de pago”.

Asimismo, el grupo propone que si los bancos no bloquean las transacciones o las empresas de telecomunicaciones no cortan Internet a pesar de saber que las empresas a las que dan servicios no tienen licencias sean sancionados, de la misma manera que las empresas que operen sin licencia. Por otra parte, el grupo ha presentado una batería de enmiendas para garantizar la protección de los jugadores con adicción y los menores.

Mientras, el grupo Vasco EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados ha registrado un total de 32 enmiendas al articulado, entre las que destaca su propuesta de cambiar el nuevo modelo de concurso para obtener las nuevas licencias previsto en el proyecto de Ley por un modelo de autorización administrativa similar al que actualmente se utiliza en algunas comunidades autónomas.

Para EAJ-PNV, con el modelo de concurso propuesto en el proyecto de Ley se limitaría el sector a alrededor de cinco licencias, lo que supone que “la mayoría de empresarios españoles de juego privado no podrán obtener una licencia general, con los perjuicios que ello supone”.