Rodrigo Duterte es detenido y entregado al TPI por crímenes contra la humanidad en su «guerra contra las drogas» en Filipinas
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido detenido y extraditado al Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya para enfrentar cargos de crímenes contra la humanidad, incluyendo homicidio, relacionados con su estrategia de «guerra contra las drogas». Durante su mandato de 2016 a 2022, esta campaña causó más de 30.000 asesinatos, con miles de personas detenidas ilegalmente y desplazadas forzosamente, según informes de la organización Karapatan, una alianza nacional de defensa de los derechos humanos en Filipinas. Además, se registraron más de 700 personas prisioneras políticas y una creciente represión contra opositoras políticas y defensoras de los derechos humanos.
El enfoque de Duterte hacia la violencia extrajudicial fue una característica definitoria de su mandato como alcalde de Davao y se convirtió en la piedra angular de su campaña presidencial. En la víspera de su victoria electoral el 9 de mayo de 2016, Duterte dijo: «Si llego al palacio presidencial, haré exactamente lo que hice como alcalde. Ustedes, narcotraficantes, ladrones y los inútiles, más vale que se vayan, porque los mataré». Esta amenaza se extendió a quienes se consideraban personas enemigas del Estado, convirtiendo su Gobierno en un periodo de violencia estatal masiva y ejecuciones extrajudiciales.
A lo largo de su mandato, la «guerra contra las drogas» de Duterte dejó un saldo de miles de muertes, en su mayoría de presuntas personas narcotraficantes, pero también de civiles inocentes. Las víctimas fueron asesinadas sin juicio, muchas veces a manos de «escuadrones de la muerte» bajo la supervisión tácita del Gobierno. Además, se reportaron desapariciones forzadas de activistas ambientales y el uso de la legislación antiterrorista se incrementó para atacar a las personas que defendían los derechos humanos. Un fenómeno particularmente preocupante durante el mandato de Duterte fue el «red-tagging», donde cualquier persona que se opusiera al Gobierno o defendiera los derechos humanos era etiquetada como comunista o terrorista.
A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, el TPI continuó su investigación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas hasta esa fecha. Duterte, quien asumió públicamente la responsabilidad por las muertes ocurridas durante su mandato, apareció en un mensaje desde La Haya y declaró: «He estado diciendo a la Policía y al Ejército que era mi trabajo y soy responsable». La detención de Duterte marca un hito significativo, ya que es el primer exmandatario asiático en ser procesado por el TPI por crímenes de lesa humanidad.
Este arresto también se produce en un contexto de tensiones dentro de su propia familia política. Su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta de Filipinas, ha calificado la detención de su padre como un acto de «opresión y persecución», mientras que el presidente actual, Ferdinand Marcos Jr., se ha opuesto a la cooperación con el TPI, argumentando que Filipinas no está sujeta a su jurisdicción, dado que el país se retiró del Estatuto de Roma en 2019. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Filipinas rechazó un intento de bloquear la cooperación con el TPI, lo que permitió que Duterte fuera entregado al tribunal.
La detención de Duterte también ocurre en medio de un creciente enfrentamiento entre las familias Duterte y Marcos, quienes previamente habían trabajado juntas en el poder. Ahora, la hija de Duterte, Sara, se encuentra en los Países Bajos apoyando a su padre, mientras que su aliado más cercano, el exjefe de la policía Ronald Dela Rosa, ha expresado temores de ser el siguiente en ser arrestado por su implicación en la violencia y las violaciones de derechos humanos.
El proceso judicial contra Duterte está siendo observado con gran atención a nivel internacional, ya que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad de liderazgos mundiales acusados de violaciones graves de derechos humanos. El TPI llevará a cabo una serie de audiencias para determinar si hay suficientes pruebas para proceder con un juicio completo. Mientras tanto, víctimas y sobrevivientes de la «guerra contra las drogas» esperan que finalmente se haga justicia por las atrocidades cometidas.
