Son las 10 de la mañana y un grupo de 25 personas, algunos de ellos trajeados, entran a un club de cannabis del barrio barcelonés del Poblenou. Sobre una gran mesa hay pastas, pan con tomate, embutido y cogollos de marihuana de distintas variedades.
En el grupo hay diputados de países europeos. También jefes de gabinete de gobernadores estatales en EEUU. Otros dirigen entidades públicas que conceden licencias para vender cannabis en grandes urbes o asesoran a gobiernos en el proceso de legalización de esta planta que se está llevando a cabo en medio mundo.
“Queríamos un lugar en el que hasta mi abuela se sintiera cómoda”, les explica el impulsor del club de cannabis en el que se han reunido. La delegación internacional observa atenta el lugar. Es el sexto recinto que visitan en apenas unos días, en un tour que también les ha llevado a reunirse con abogados, activistas e incluso con el subdirector de drogodependencias de la Generalitat.
Los visitantes, muchos de ellos responsables de puestos clave en la regulación del cannabis en sus países, le preguntan al impulsor del club por la relación que tiene con los vecinos o con la policía. Se interesan por cuántos socios tiene la asociación, qué media de edad tienen y qué hacen cuando aparece alguien que podría requerir un tratamiento medicinal con cannabis.
“Si viene alguien con esta necesidad le derivamos a un médico”, les explica el responsable de la asociación. “Si el médico nos confirma que le iría bien consumir cannabis para mitigar un dolor crónico o los efectos secundarios de un medicamento, el tratamiento corre a nuestra cuenta”, añade. Después les explica que, con la legislación actual en España, poco más pueden hacer.
El modelo de los clubes de cannabis, impulsado de manera autoorganizada en España hace 20 años, se estudia actualmente en diversos países del mundo como una de las posibles vías para permitir a la ciudadanía acceder al cannabis cuando sea legal. Países como Malta contemplan aplicar un modelo similar. También en República Checa, Alemania, México o Colombia se están contemplando planes inspirados en el modelo español.
“Me encantaría ver un modelo así aplicado en Colorado (EEUU)”, explica Molly Duplechian, directora de licencias para vender cannabis en Denver (Colorado). “Ahí se puede comprar y vender marihuana legalmente, pero no disponemos de espacios como este para que la gente lo consuma”.
“Me ha sorprendido la naturalidad con la que se consume cannabis en estos recintos”, apunta Dinis Ramos, diputado del partido socialdemócrata de Portugal. “Antes de entrar en el primer club, me imaginaba algo mucho más secreto y clandestino”.
El interés internacional que suscitan los clubes de cannabis en España (especialmente en Barcelona, donde se calcula que hay unos 300) contrasta con la falta de regulación de estos estos recintos en nuestro país. Sin ninguna ley que avale su existencia, todos han crecido al amparo de un vacío legal, presentándose como asociaciones privadas de fumadores cuyos socios disponen de un cultivo de cannabis compartido.
“La idea de la colectividad en el cultivo y en el consumo de cannabis hace que el modelo español sea exportable a todo el mundo”, opina la politóloga Zara Snapp, asesora en políticas públicas sobre drogas y una de las referentes en el proceso de legalización del cannabis en México.
Las decisiones judiciales y la falta de iniciativa legislativa, sin embargo, han puesto cada vez más contra las cuerdas un modelo que, en ciudades como la capital catalana, se ha convertido en una de las principales vías de acceso al cannabis para sus consumidores. La falta de un marco normativo ha supuesto que haya clubes en la ciudad que son directamente negocios para vender marihuana y están controlados por delincuentes.
La delegación tuvo la oportunidad de visitar espacios impulsados por activistas de la regulación del cannabis adheridos a un llamado “código de buenas prácticas”, pero también estos recintos convertidos en dispensarios de marihuana y muy alejados de cualquier activismo. También pudieron conocer de primera mano el testimonio de impulsores de clubes de cannabis que acabaron ingresando en la cárcel.
“Estamos mucho peor que hace 10 años”, les explicaba un abogado durante una de las sesiones con los visitantes. “Llegó a existir un reglamento municipal y una ley autonómica que regulaba estos espacios pero han sido tumbadas por los tribunales”.
“Es una tragedia que no se haya regulado ni reconocido todavía la innovación pionera que han supuesto los clubes de cannabis en España”, sostiene el estadounidense Matt Wilson, subdirector del Programa Global de Política de Drogas de la fundación Open Society. “Creo que es un modelo muy interesante, que tiene un buen equilibrio entre ser hospitalario sin anunciarse en marquesinas en plena calle”.
Las dudas e intereses de los visitantes variaban en función de sus países de origen. Los estadounidenses preguntaban reiteradamente por cuestiones legales y de recaudación de impuestos. Algunos representantes de Sudamérica se interesaban por cómo el modelo podría aplicarse a comunidades indígenas de cultivadores de marihuana. Funcionarios de Suiza, donde acaba de iniciarse un plan piloto de venta de cannabis recreativo, insistían en preguntar cómo los clubes de cannabis aplicaban o promovían políticas de reducción de riesgos.
“La mayoría han equiparado la situación que vivimos en España con la de California hace 20 años”, apunta Òscar Parés, coordinador de la visita y miembro de la fundación ICEERS. “Pero lo que más les ha sorprendido es la disonancia entre la realidad totalmente normalizada de consumidores de cannabis accediendo a estos espacios y el inmovilismo político para regularlos”.
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